Salimos de una y entramos a otra en este agitado 2022.
Inicia ahora un nuevo mes que se aprecia convulso a todas luces.
Mientras la pandemia empieza a ceder –algunos se precipitan, como en la capital del país donde a partir de este lunes ya se puede dejar de usar el cubrebocas–, el ambiente político y social sube de temperatura.
Abril será un mes importante, casi crucial. Algo así como un termómetro para los sucesos de 2024 que podrían cambiar la ruta del país.
¿Qué figura en la agenda para el cuarto mes del año?
Destacan, al menos, tres temas.
Todos son como leños para una hoguera que lleva tiempo encendida. Presagios de incendios.
Uno: Este mismo domingo se inician las campañas políticas para la elección para renovar seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
De estos comicios vendrá una reconfiguración política en el mapa nacional con su obligado efecto a corto, mediano y largo plazo, todo con miras a la sucesión presidencial.
En ese mosaico de entidades hay una enorme incidencia de intereses en distintas vertientes: cacicazgos, traiciones, grupos de poder económico, pobreza extrema, delincuencia organizada, entre otras.
Dos: Justo dentro de una semana será celebrada la controvertida consulta de la revocación del mandato presidencial.
El ejercicio ha sido reiteradamente cuestionado por sus vicios de origen al no haber sido impulsado, como debiera, por grupos ciudadanos, sino por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, su partido político.
Con ese antecedente se desvirtúa en absoluto la presunta intención democrática que se pregona.
Es claro allí la existencia de propósitos con tinte político, en un afán de ganar legitimidad para el tramo final del gobierno de la 4T. Y para lo que viene.
Además de costosa –el gasto tan sólo en el estado de Puebla es de casi 80 millones de pesos de los mil 600 que costará en el país–, la consulta resulta inútil e innecesaria cuando bien se sabe que hay una consistente mayoría que apoya a la figura presidencial.
Desde luego que el resultado de este ejercicio incide, a gran escala, en la perspectiva de 2024.
Tres: Se inicia el proceso legislativo en torno a la controvertida iniciativa de la reforma eléctrica.
Según lo previsto, apenas un día después de la consulta sobre la revocación de mandato, y pese a que no hay acuerdos entre los grupos parlamentarios, el proyecto entrará a comisiones.
Es tal la prisa de Morena y sus aliados que la idea es que el pleno pueda votar la iniciativa el martes 12, para que un día después llegue a comisiones en el Senado y puedan iniciar los debates el jueves 14.
Por sus repercusiones (sociales, políticas, económicas) el tema presagia duros enfrentamientos que de algún modo ya fueron azuzados por el presidente López Obrador, quien insiste en no cambiar el contenido de su propuesta. “La reforma se queda como está”, dijo apenas esteviernes.
Poco antes el mandatario había llamado a los legisladores a “rebelarse” y “votar con libertad”, en clara alusión a la bancada del PRI cuya participación es decisoria.
Por tratarse de una reforma constitucional, los aliados de AMLO no pueden por sí solos, al requerirse de una mayoría calificada, esto es, dos tercios de los legisladores. Esto significa que se necesita el respaldo de al menos 56 diputados de oposición.
Por ahora, PAN, PRI, MC y PRD han dicho que votarán en contra tal y como está la propuesta, incluso han coincidido en que la discusión se debe prorrogar hasta después de las elecciones para gobernador en junio.
Entre aparentes desacuerdos, no obstante se dice que podría haber sorpresas. Hay quienes aseguran que Morena ya “amarró” los votos que le faltan entre algunos diputados priístas, a quienes veladamente AMLO llamó para que “apelen a su conciencia histórica”.
“¿O acaso van a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir?”, preguntó.
“Ojalá los dirigentes los dejen en libertad… que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, a lo que le dicte sus conciencia, que no sea un asunto cupular, que no los coopten…”, remató.
Todo este ambiente de expectativa y crispación de los días previos tuvo como preámbulo, para variar, una nueva y dura embestida presidencial contra el Instituto Nacional Electoral.
Durante la semana que concluye AMLO adelantó (¿amenazó?) que enviará una iniciativa de ley de reforma constitucional, para darle la puntilla a la autoridad electoral.
En tono molesto tras resoluciones jurisdiccionales que le obligaron a recular por su abierta actividad propagandística en plena veda electoral, el presidente dijo que propondrá cambios sustanciales.
Y se fue lejos: que sea el pueblo, mediante votación directa, el que elija a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral.
Habló también de reducir a la mitad el gasto del INE y convertirlo en una institución federalizada, lo que implicaría desparecer a todos los organismos estatales (Oples).
También se recortaría el gasto destinado a los partidos políticos y se eliminaría a los legisladores llamados plurinominales.
Esta vez no son meras ocurrencias, más bien veladas intenciones de retomar los tiempos del viejo régimen que tanto desprecia, con un sistema electoral centralizado y bajo control.
Veremos pues qué pasa en este abril que comienza no con los mejores augurios
