Soliloquio
Felipe Flores Núñez
A sabiendas de que 2023 será de estridencias y de duras disputas en distintos ámbitos de la vida pública nacional, es reconfortante que justo al inicio del año haya ocurrido un histórico suceso a favor de las instituciones, de nuestro vulnerado sistema democrático y de las mujeres.
El pasado lunes, contra todos los augurios, Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No era ella la favorita para tan relevante cargo, sino la Ministra Yasmín Esquivel, por quien el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció reiteradamente a favor, a pesar de ser cuestionada durante la víspera por haber plagiado la tesis con la que obtuvo la licenciatura en derecho en la UNAM, hecho que ella misma ha negado de manera sistemática.
Finalmente, la jugada fue de tres bandas: por primera vez en la historia se coloca a las mujeres en el centro del pleno del máximo tribunal de justicia del país; la SCJN acreditó –pese a los embates– que mantiene su independencia; y, quiérase o no, se pudo acotar el obsesivo intervencionismo del presidente López Obrador.
Incómodo cuando percibe no tener los hilos del poder, AMLO reconoció que “el momento que estamos viviendo es único, nadie puede decir que hay subordinación como era antes de los poderes al Ejecutivo”.
Es decir, el mismo discurso ocasional y a conveniencia.
Aun así, no dejó de subrayar que la ahora presidenta se ha identificado por haber votado en contra de muchas de sus iniciativas, aunque la realidad es que, como ministra, Piña Hernández votó a favor de la militarización, como lo hizo también del uso lúdico de la marihuana, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y la despenalización del aborto en Coahuila.
Tras la consumación de tan relevante acontecimiento, y siendo la SCJN garante del Estado de Derecho y una institución fundamental en la convivencia social, son rescatables los primeros pronunciamientos públicos de la presidenta Piña Hernández, entre los que destaca su interés por trabajar en materia de género y de igualdad social.
“Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal; me siento acompañada”, enfatizó tras su designación.
Ofreció también independencia judicial y el fortalecimiento de la función jurisdiccional, así como el combate a la corrupción, una reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, cuya función ha venido a menos en los tiempos recientes.
“Mi compromiso será desempeñar mis funciones en términos del marco nacional e internacional y, principalmente, conforme a la columna vertebral de nuestra encomienda constitucional: la independencia judicial”, insistió.
Su propuesta integral para lograr el cargo contiene en esencia cinco puntos: Fortalecimiento de la función jurisdiccional; Consolidación en el combate a la corrupción; Reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la SCJN y el CJF; Centralidad de los Derechos Humanos a través de unidades especializadas; y Política de comunicación social, justicia TV y redes sociales.
Nuevos y mejores tiempos para el Poder Judicial, que se empatan por cierto con la renovación y el fortalecimiento que en Puebla había impulsado en esa vertiente el ahora extinto gobernador Miguel Barbosa, lo cual desde luego también resulta muy alentador.
Después de todo, y mientras se aguarda el desenlace de la intricada reforma en materia electoral, ha sido un buen inicio del 2023. Y eso es a todas luces muy esperanzador.
