Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Como se esperaba, Puebla ya quedó formalmente adherido al nuevo modelo de salud que promueve el gobierno federal con el programa IMSS-Bienestar.
Esto supone en apariencia buenos augurios, pero inevitablemente también algunos retos y hasta muchas dudas que sólo el paso del tiempo podrán dilucidar.
El anuncio se concretó el pasado lunes en el marco de la conferencia de prensa presidencial, luego de que junto con otros 22 gobernadores estatales el mandatario poblano, Sergio Salomón Céspedes, suscribiera el acuerdo nacional de federalización del sistema de salud.
Su objetivo medular, se ha destacado, es “garantizar servicios gratuitos y de calidad a toda la población”.
En Puebla, la cobertura de atención será para un estimado de 3.4 millones de personas que carecen de seguridad social, que no es poca cosa.
Además, se estableció, el gobierno federal se hará cargo ahora del financiamiento de todas las acciones de salud en la entidad.
Tal compromiso entre ambos niveles de gobierno incluye el mantenimiento de al menos 54 hospitales y 701 centros de salud, así como de inversiones en nueva infraestructura, entre las cuales se asegura ya se aplicaron, sin saber dónde ni cómo, poco más de 236 millones de pesos.
Como uno de los mayores atractivos de la fusión al IMSS-Bienestar para el caso poblano, figura quizá la posibilidad de que un buen número de personal pueda lograr sus plazas definitivas.
Entre ellos figuran médicos, enfermeras y administrativos que desde tiempo atrás han estado bajo el régimen de contratos temporales.
Más allá de eso, no es mucho más lo que se pueda esperar con la anexión, en el entendido de que Puebla ha presumido contar con uno de los mejores sistemas de salud en el país, y de ahí la renuencia a quedar adscritos a un proyecto cuyo alcance y efectividad nadie puede por ahora asegurar.
Finalmente, el IMSS-Bienestar surge como un programa emergente, a menos de un año de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y como alternativa para resarcir las muchas fallas cometidas en el sector salud.
Entre los yerros más significativos –ya otras veces referidos en este espacio–, destaca la precipitada extinción del programa del Seguro Popular, sustituido con improvisaciones por el Insabi, ya también desaparecido por ineficaz e inoperante a falta de planeación.
A ello le siguió el resquebrajamiento del sistema de abastecimiento de medicinas bajo el argumento de que estaba sustentado en un esquema altamente corrupto y centralista.
Esto pudo ser cierto, pero no se previó suplantarlo por otro más eficiente, además de que jamás se procedió legalmente en contra quienes se pudieron haber beneficiado.
Se suma además una incomprensible carestía de insumos oncológicos para menores de edad y, de remate, un manejo poco estratégico y todavía cuestionado de la pandemia por el COVID-19.
Además, se habla de otras muchas irregularidades en hospitales públicos, como los casos vistos en instalaciones del IMSS en Puebla.
De manera sencilla se dijo en su momento, desde el mandato del exgobernador Miguel Barbosa, que en Puebla no había condiciones para adoptar al IMSS-Bienestar, y pudo ser cierto.
Hoy las circunstancias han cambiado, sobre todo las de carácter político, y en ese renglón no hay espacio para titubear.
El IMSS-Bienestar es una realidad y habrá que enfrentarla.
El tiempo dirá quién tenía la razón.
Mientras tanto, parece estar cada vez más lejano el ideal de tener un sistema de salud igual o mejor como el de Dinamarca, como tanto se pregonó.
