Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Apenas este martes, el gobierno estatal informó de la supervisión que el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna, hizo en las obras de ampliación y remodelación que se ejecutan en el Penal de San Miguel.
Con esas obras –se dijo– “habrán mejores condiciones de internamiento y que la vida social en el centro penitenciario transcurra en entorno de legalidad”.
Los trabajos, que tienden a ampliar la capacidad del inmueble, incluye intervenciones para ampliar la zona de dormitorios, instalación de comedores, salón de usos múltiples y explanada de visitas, así como un área para la unidad canina, todo para “mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad”.
El boletín informativo no tendría mayor relevancia, de no ser porque alude a un tema socialmente sensible, que es frecuentemente soslayado, y que tiene que ver con las precarias condiciones que persisten en la inmensa mayoría de los centros penitenciarios del país.
En el caso de Puebla, el extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta puso el dedo en la llaga y tomó decisiones de fondo que se profundizaron tras el escandaloso caso, aún no esclarecido a totalidad, del bebé Tadeo, cuyo cuerpo sin vida apareció misteriosamente al interior del penal de San Miguel.
Tras esos hechos y detectar otras múltiples irregularidades, fueron destituidos altos mandos, custodios y personal administrativo, algunos de los cuales están sometidos a proceso penal, al tiempo que ingresaron más de 100 nuevos elementos que fueron capacitados en la Academia de Policía, para llevar a cabo funciones de custodia.
De manera adicional, se han ido incorporando medidas para mejorar los sistemas de seguridad, que se reforzaron con modernos equipos tecnológicos y la renovación de los protocolos de operación, especialmente para mejorar la vigilancia en los accesos y en el manejo de visitantes.
Igualmente se destruyó por completo un área que había sido construida para albergar habitaciones especiales, toda una zona de privilegios donde incluso se celebraban festejos a los que acudían mujeres y se consumían sustancias prohibidas.
Y para anular a los grupos internos de poder que ejercían algunos personajes delictivos, más de 40 reos fueron reubicados a diversos a penales de máxima seguridad de Michoacán, Veracruz, Morelos, Durango, Oaxaca y Chiapas.
Además, y de eso se sabe poco, se decidió crear una cárcel exclusivamente para mujeres, para lo cual sería readaptado en reclusorio de Ciudad Serdán, además que se abrió la posibilidad de construir un nuevo penal en Puebla, con una inversión millonaria.
«En los reclusorios tiene que haber disciplina y respeto a los derechos humanos”, dijo al instruir la creación de una comisión que se encargará de hacer distintas adecuaciones y obras relacionadas a la seguridad de los presos.
“Estamos limpiando los penales, es en serio y ojalá los internos entiendan que están en un proceso de rehabilitación social, no para convertir ese lugar en un paraíso del crimen”, diría el fallecido gobernador Miguel Barbosa.
Retomo toda esta referencia porque de manera coincidente, esta misma semana, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó el número 96 de su Cuaderno de Investigación, en el que aporta información relevante y datos duros sobre las condiciones en las viven a diario los internos de distintos penales del país.
Se trata de un trabajo de Carla Angélica Gómez Macfarland, enfocado en particular a la vertiente de la reinserción social, sin duda una de las facetas más deterioradas del sistema penitenciario mexicano.
La doctora en Política Pública advertirte lo lejos que se está en el propósito de rehabilitar socialmente a quienes, por circunstancias diversas, han sido privadas de su libertad para ser alojados en un centro penitenciario, ya que de acuerdo con la Real Academia Española la reinserción social significa “volver a integrar a la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado”.
Para enfatizarlo y ponerlo en la realidad que se vive en los penales mexicanos, la autora cita a Nelson Mandela, quien sostuvo que “suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.
El trabajo de la especialista, que fue docente en el Tec de Monterrey campus Puebla, abunda en datos y cifras estadísticos que reflejan, entre otros aspectos, las condiciones de detención de cada persona privada de la libertad y de cuáles fueron sus antecedentes familiares, educativos, laborales e, incluso, penales.
Asienta que en nuestro país, las condiciones en las que viven y convivenlas personas privadas de la libertad no cumplen, totalmente, con lo estipulado por las leyes aplicables.
“Asimismo, los datos sobre antecedentes penales, familiares y laborales, así como sobre expectativas de salida, dan cuenta de la urgencia de tratar este tema desde una perspectiva integral; donde se involucren no solo a las autoridades y a la población penitenciaria o liberada sino a la sociedad en general”.
Entre otros aspectos, la autora concluye que es conocido el hecho de que en los distintos reclusorios de nuestro país (federales, estatales o centros de tratamiento o internamiento para adolescentes) “hay una fuerte carencia de infraestructura digna para vivir y convivir”.
«Asimismo, hacen falta programas de capacitación laboral o educativa, de salud mental o una planeación adecuada para que las personas privadas de la libertad puedan tener herramientas que las fortalezcan al momento de salir de prisión”.
Ante tales muy sustentadas afirmaciones, es un hecho irrebatible es que los gobiernos de los tres niveles no hacen inversión alguna para mejorar los penales, lo que hace que persista una enorme problemática debido a la falta de programas de reinserción social, el hacinamiento, autogobiernos y, en consecuencia, altos índices de corrupción e impunidad.
Es importante destinar recursos para la educación, la salud y para ampliar la infraestructura en caminos y carreteras. También debiera ser para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública y en esa vertiente, dar el trato justo y humano a quienes han delinquido para evitar, como diría el jurista Sergio García Ramírez, que la prisión mexicana “…lejos de frenar la delincuencia, parece auspiciarla”.
El caso de Puebla parece diferente al resto del mapa nacional y por ello, es deseable, como lo ha hecho en otros programas de gobierno que dejó Miguel Barbosa como legado, que la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina continúe el esfuerzo para “limpiar” los penales de la entidad, y que además impulse acciones a favor del alto propósito de poder reinsertar socialmente a los actuales internos.
