Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Si algo se repugna de los políticos, es que sean afines a la simulación. Su doble discurso es detestable. Muchos son así por naturaleza, nunca van a cambiar.
Otros lo hacen por necesidad, se adaptan a las circunstancias.
Uno y otro caso se ajusta a todos los que tienen pretensiones para el proceso electoral de 2024, ya sea como aspirantes a una diputación local o federal, senaduría, alcaldía, regiduría, gubernatura y hasta la Presidencia de la República.
Muchos darían la vida por una de esas posiciones, pero no lo expresan, no al menos de manera explícita.
Todos por igual están en ese juego nebuloso, de intriga y confusiones, en el que las expresiones ambiguas abundan, son cosa de todos los días.
Así, bajo cualquier pretexto, unos y otros se las ingenian para lograr la mayor exposición social y mediática posible, y aunque lo nieguen, andan en sus virtuales precampañas ejecutando crípticas acciones y expresando mensajes de doble sentido.
Tal dinámica de perversas imprecisiones se derivan del mismo marco que norma la actividad político-electoral, paradójicamente diseñada por los propios políticos.
Ahí sí, todos esconden sus objetivos en las sombras de la ley electoral.
Las actuales disposiciones legales tienen múltiples candados que fueron puestos por los mismos partidos y son ellos, válgame, los que se obstinan en violarlas, para finalmente caer en sus propias trampas.
¿Los actos sistemáticos que llevan a cabo en diversas partes del país las corcholatas presidenciables de Morena son precampaña?
¿Son legales los centenares de anuncios espectaculares con el slogan: “Es Claudia”; o la extensa promoción en redes sociales con la frase: “Adán Va”?
¿Se ajustan a la normatividad los encuentros con militantes y otros sectores sociales que sostienen periódicamente los aspirantes a la gubernatura de Puebla?
Lo cierto es que la línea es muy delgada para determinarlo, eso impide precisar cuándo si o cuándo no se trastoca el marco jurídico.
Eso ha provocado que haya múltiples denuncias, que en su caso los Tribunales Electorales tendrá que resolver en distintas vertientes sobre posibles violaciones a la ley.
En cada caso, esas instancias deberán determinar por ejemplo si el acusado es un servidor público y además observar la temporalidad de los incidentes, como también si existió o no un llamado expreso al voto, lo cual no deja de ser un elemento extremadamente subjetivo.
Al respecto, el Tribunal Federal reconoce en su jurisprudencia ese factor subjetivo para definir justamente si un mensaje es en realidad un llamado expreso al voto, en cuyo caso deberá ponderar si el contenido o lo denunciado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ninguna ambigüedad llame a votar en contra o a favor de una candidatura o partido.
También deberá ponderar si dicha expresión a acto posee un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia alguna opción electoral de una forma inequívoca”, además de observar si hubo una ventaja indebida de cara al proceso, si el mensaje está dirigido a militantes y si en realidad hubo un llamamiento al voto, tareas en su conjunto que, por difusas, resultan de alta complejidad.
La ley electoral establece que son actos anticipados de campaña aquellos que “se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
La ambigüedad de la norma abre espacio a muchas interpretaciones y permite que se incurra una y otra vez en acciones simuladas con fondo electorero.
Es en ese contexto, por ejemplo, se escuchan declaraciones atrevidas como las del diputado Ignacio Mier Velasco, quien de plano ya definió el perfil del candidato de su partido Morena a la gubernatura de Puebla, al señalar que dirigir un estado no se logra con carisma, sino con proyectos bien estructurados.
“Coordinar los esfuerzos de un estado requiere necesariamente tener un proyecto y una visión de gobierno, no se puede construir un proyecto político solo a partir del carisma o de las promesas banales”, señaló en clara alusión a su por ahora principal contendiente, el también morenista senador Alejandro Armenta, aunque también tiene eco para los contendientes de los demás partidos.
En ese formato de una narrativa con doble sentido, el legislador remata con el clásico: “Si el pueblo así lo decide y me dan la oportunidad de ser candidato, no será a partir de andar regalando promesas fáciles, sino que será a partir de un proyecto”.
Por su parte, ante la presunción del coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados sobre su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Armenta Mier dejó claro que la designación de candidaturas en Morena a nivel nacional y local para 2024 se hará mediante encuestas y no por compadrazgos. “A mí también me quiere el presidente”, enfatizó.
En sus habituales ruedas de prensa con medios locales, Armenta incluso se burló de los aspirantes que se jactan por sus influencias, amistades o cercanías con políticos reconocidos para conseguir algún cargo de elección popular o un puesto en el servicio gubernamental.
Peores y más aventuradas declaraciones han hecho esos aspirantes, pero en este caso, como en el de los “presidenciables” y de muchos más, sería más sano que todos los posibles contendientes expresaran de manera pública y abierta sus aspiraciones y sin regodeos, exhibieran cuáles serían en concreto sus propuestas y proyectos.
Lo deseable es que todos pudieran ser libres de hacer los actos proselitistas para exponer sus objetivos políticos, ofertas y propuestas de gobierno, para estar incluso en posibilidad de evaluarlas y contrastarlas.
En este sentido, soy de los que creen que no debería haber limitantes y me decanto con la posibilidad de una libertad franca y absoluta, con la única restricción, eso sí, de que los actores no distrajeran sus tareas y transparentaran los fondos de sus eventos, a fin de evitar el posible uso de recursos públicos.
Creo que esa línea de apertura sería bien vista por los ciudadanos que parecen hartos de mensajes simulados, pero como esa posibilidad es nula por el impedimento de las actuales leyes electorales, estamos condenados por un tiempo más a seguir flotando en los mares de la simulación.
