Soliloquio
Felipe Flores Núñez
El presidente Andrés Manuel López Obrador logró finalmente su propósito. Esta semana la Cámara de Diputados concretó la aprobación que el Senado había avalado para que, con la adscripción de la Guardia Nacional, las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública hasta 2028.
El dictamen, que modifica el artículo quinto transitorio sobre la Guardia Nacional, pasará ahora a los Congresos estatales y bastará que sea ratificada con el voto de la mitad –17 en este caso– para que la reforma adquiera el rango de constitucional. Mero trámite que se da por hecho.
Hay quienes hablan de una victoria política del presidente López Obrador y de la 4T. Otros juzgan que fue un triunfo pírrico y que será cuestión de tiempo para lamentarlo.
Hay que asumir, también, que no había alternativa. Las fuerzas federales son necesarias en el combate a la cada vez más empoderada delincuencia, pero la vía de la militarización no parece la correcta. No legalmente, ni tampoco para la vida institucional.
Insiste el presidente que nunca ha tenido la intención de militarizar al país y que su objetivo es que las Fuerzas Armadas apoyen en labores de seguridad pública, sino que apoyen a la profesionalización de la Guardia Nacional.
“No es militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos, ¿qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional, de manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad pública y sin respeto a los derechos humanos. ¡Son unos reverendos hipócritas!”, dijo.
Es innegable que las fuerzas armadas tenían desde hace tiempo una alta injerencia en las taras de seguridad. Pocas fueron las voces que entonces se opusieron.
Al menos desde los años 70 los militares incursionaron activamente en el combate al narcotráfico. Fueron muy frecuentes los operativos para la erradicación de plantíos de marihuana y amapola, también para capturar a delincuentes vinculados a esta ilícita actividad.
Esas tareas se fueron ampliando a otros ámbitos, en los que luego también participaron elementos de la Marina mediante recursos más sofisticados y enfocados particularmente a detener, exitosamente, a cabecillas de las drogas.
Al paso de los años se percibió con pasmosa normalidad que marinos y soldados se involucraran en el combate a la delincuencia. En estricto rigor, lo hacían al margen de la ley. Y muy frecuentemente, en menoscabo de los derechos humanos.
En el mandato de Felipe Calderón se llegó al extremo. La guerra virtual contra las diferentes organizaciones delictivas del país fue sangrienta. Los resultados, desalentadores, igual como ocurrió en el sexenio de Peña Nieto.
En su campaña electoral que lo llevó finalmente a un triunfo avasallador, López Obrador prometió regresar a los militares a sus cuarteles y depurar a los cuerpos policiacos, como parte de su bandera contra la corrupción.
Propuso, como alternativa, la creación de la Guardia Nacional, bajo mandos civiles. Se le creyó, pero hoy la realidad es otra, diametralmente opuesta.
Más que retornar a sus cuarteles, los militares están más activos que nunca en la vida pública.
Ahora ya “legalmente”, además del encargo de la seguridad pública –que sigue siendo el mayor reclamo social–, los militares construyen y administran aeropuertos, centros aduaneros, sistemas ferroviarios –el Tren Maya en particular– y centenas de sucursales bancarias, entre otras obras.
También distribuyen beneficios de los programas sociales, atienden el robo a hidrocarburos, controlan los flujos migratorios y apoyan las acciones sanitarias por la pandemia y hasta, recientemente, se hacen cargo de la Agencia Nacional de Aduanas.
Mientras, el índice de homicidios dolosos mantiene un crecimiento exponencial y cada vez son más las zonas del país que son dominadas por la delincuencia organizada.
Bajo la óptica actual, no hay manera de pensar que mejorará la seguridad pública en el país. Entre otros impedimentos, figura la ausencia de voluntad política y de estrategia. La premisa de “abrazos no balazos” juega a favor de los que delinquen y atentan contra la paz social.
Organizaciones civiles acusan a militares cada vez con más énfasis por su maltrato a migrantes, presuntos nexos con el narcotráfico y posible responsabilidad en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Esas acusaciones le incomodan al alto mando militar. Apenas en septiembre pasado, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval Gutiérrez, hizo un llamado a “discernir” de quienes con “comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales” pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que tienen los mexicanos al personal militar, cuya misión es servir al país.
¿Conmigo o contra mí?
En otra oportunidad, a través de la Guardia Nacional emitió –¿con qué autoridad?– varias recomendaciones para el uso de redes sociales. Esta acción se interpretó como una amenaza a la libertad de expresión.
En días recientes, la milicia ha sido nuevamente el epicentro de controversias.
Tras las revelaciones del caso Ayotzinapa, que al menos presume colusión de altos mandos militares, hackers profesionales lograron acceder a los archivos de la Defensa Nacional. De las primeras revelaciones, entre las que destaca el mal estado de salud del presidente López Obrador, seguramente vendrán otras más y de mayor repercusión.
Por otro lado, esta semana se confirmó que la que la Defensa Nacional adquirió 47 abrigos de lana pura, con un precio de casi 12 mil pesos cada uno, para obsequiarlos a sus Generales de División, el más alto rango de la estructura castrense, lo cual no ajusta a los actuales tiempos de austeridad republicana.
Y como cereza de pastel se dio un hecho inédito, que deja un amplio margen para la reflexión. En el ámbito de su competencia, diputados federales convocaron al titular de la Defensa Nacional para que compareciera en el contexto de las reformas recién aprobadas.
¿Y qué creen? El general Luis Crescencio Sandoval contestó que si quieren platicar con él, los espera en su oficina el próximo 18 de octubre. Y los legisladores, mayoritariamente de Morena, le contestaron que irán.
Todo este cúmulo de hechos configura un cóctel que algún día habrá de detonar. Que Dios nos agarre confesados.
