Rubén Salazar / Director de Etellekt
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El viernes me hicieron llegar un video, publicado en redes sociales, en el que se denunciaba el arribo de un comando de ocho civiles, portando armas de alto poder, quienes descendían de un par de vehículos, en una transitada avenida del centro de San Antonio Tecómitl, uno de los 12 pueblos originarios de Milpa Alta (la tierra del nopal, allí se produce 80% de esa cactácea nativa de América, que se consume en México), en Ciudad de México, supuestamente, para extorsionar a comerciantes de esa alcaldía.
En las imágenes se observa a tres de los civiles armados ingresar a una fonda, mientras los cinco restantes se mantenían custodiando los autos, apuntando sus armas para detener el tránsito; detrás de ellos, un microbús de transporte público detuvo su marcha. Aterrados, algunos transeúntes aceleraron el paso y otros más optaron por refugiarse en los locales adyacentes.
Escenas de terror que exponen a la delincuencia actuando con salvoconducto de la autoridad para abolir de facto las libertades y derechos de la ciudadanía, que no era común ver en la capital del país, la sede de los tres Poderes de la Unión, a pesar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presume tener a la mejor policía de la República (según ella, “una policía que investiga”), y un sistema de videovigilancia, con más de 63 mil cámaras para prevenir el delito, según informó recientemente en su cuarto informe de gobierno, al que llamó “honestidad que da resultados”.
Sin embargo, ni una cosa, ni la otra, están funcionando, al ver la pavorosa impunidad con la que operan los delincuentes en Milpa Alta y en otras demarcaciones de la ciudad, sin que se advierta la presencia de la policía capitalina, que hasta el momento de escribir estas líneas, no ha detenido a uno solo de los responsables, aun cuando disponen del sistema de videocámaras para seguir su rastro y detenerlos, según lo dicho por la propia jefa de Gobierno, aunque quizá no dispongan de lo más importante, la honestidad, y como reza el refrán del cuarto informe de Claudia Sheinbaum, sin honestidad, no hay ni habrá resultados.
La videodenuncia sobre las extorsiones de este grupo armado en Milpa Alta, a plena luz del día, exhibe nuevamente a una autoridad capitalina, que se comporta de manera tolerante y cómplice con la delincuencia.
Desde la semana pasada, habitantes del pueblo de Tecómitl habían compartido en redes sociales diversos videos que exponían la incursión de un convoy de seis autos y dos camionetas con hombres armados (empuñando fusiles de asalto AK-47, mejor conocidos como “cuerno de chivo”, un par de barret calibre .50 y un lanzagranadas), que recorrieron diversas calles del centro histórico de esa localidad hasta llegar a la zona ejidal, sin que ninguna patrulla de la policía de Ciudad de México o de la Guardia Nacional aparecieran para impedirlo.
A duras penas, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) confirmó, en sus cámaras, los hechos denunciados en Tecómitl, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al mando de Omar García Harfuch, informó en un comunicado el despliegue inmediato de unidades policiales para hacer recorridos disuasivos en la zona, que han sido completamente inútiles, pues una semana después, los delincuentes salieron a la calle una vez más, y no como piensa el presidente, a enfrentarse con sus rivales unos a otros, sino para cobrar derecho de piso a la gente de bien, a los pequeños empresarios y comerciantes que además de padecer todos los días la llegada de funcionarios corruptos, que les piden un moche para dejarlos trabajar en paz o no cerrarles sus negocios, tienen que lidiar ahora con las amenazas de los delincuentes, que acuden a sus hogares o locales a despojarlos de su patrimonio, a cambio de no desaparecerlos o quitarles la vida a ellos y sus familiares.
Los integrantes de estos comandos armados, que asolaron la tranquilidad de los habitantes de San Antonio Tecómitl, pertenecen al cártel de la Familia Michoacana. Así lo reconoció este grupo delictivo, en un video difundido el sábado pasado, en el que anunció su ingreso a Tecómitl para hacer una “limpia” y “alinear” a los líderes de bandas rivales, como el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos. Las alertas ya se habían disparado tiempo atrás sin que el gobierno de Ciudad de México tomara cartas en el asunto o estableciera un cerco preventivo.
Dos días antes de que la Familia Michoacana ingresara a Tecómitl, fue registrado un ataque armado a una tienda de abarrotes ubicada en el pueblo de San Nicolás Tetelco, en la alcaldía de Tláhuac, en los límites con Milpa Alta, que dejó un saldo de tres personas fallecidas, lo que motivó incluso el cierre de la carretera a San Antonio Tecómitl, debido a un retén establecido por la policía de Ciudad de México para resguardar la escena del multihomicidio.
En la semana, se daba a conocer que uno de los líderes de la Familia Michoacana, apodado El Fresa, era el presunto responsable del ataque armado del pasado 5 de octubre, en el que perdió la vida el alcalde de San Miguel Totolapan, Guerrero, así como su padre, el exalcalde del municipio, y otras 18 personas.
Según informes de inteligencia en poder de Sedena, filtrados por Guacamaya, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informó al Ejército que la Familia Michoacana controlaba “el tráfico y la venta de droga, extorsiones, asesinatos, actos intimidatorios y robo de vehículos en municipios de Guerrero y del Estado de México”, que mantenía negociaciones con alcaldes perredistas de Guerrero, con el objetivo de obtener recursos públicos para el financiamiento de sus “células delictivas”, y lo peor, que una de sus “células” que operan en el municipio de Tejupilco, Estado de México, compraba armamento, granadas y equipo táctico a presuntos militares.
De las 129 mil 888 víctimas de homicidio doloso y feminicidios, acumuladas en el presente sexenio, 68.8% perdieron la vida con arma de fuego. Esto ha motivado al canciller Marcelo Ebrard a presentar una demanda contra las armerías de Estados Unidos, a las que acusa del clima de violencia homicida, que el gobierno mexicano ha sido incapaz de revertir. La cual ha sido desechada por un juez federal de la Corte en Boston, Massachusetts. El canciller dice no rendirse y ha presentado una segunda demanda, pero sólo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Qué espera para demandar a Sedena?
