Desde tiempos inmemorables, los temas relacionados al transporte y la movilidad vial han sido un permanente dolor de cabeza en Puebla.
Algunas veces por ineficiencia y solapamiento y muchas otras por una creciente corrupción que enriqueció a particulares y servidores públicos, pero el caso es que históricamente los poblanos han padecido de múltiples agravios y desdeños, además de pésimos servicios.
Tal parece que eso se acabará.
El gobierno de Miguel Barbosa se ha propuesto tomar al toro por los cuernos al impulsar una nueva Ley de Transporte –aprobada recientemente en el Congreso local–, que complementará con la próxima expedición de su respectivo Reglamento y, en su momento, con una norma en materia de movilidad.
En términos médicos, extirpar un cáncer e implantar nuevos órganos.
No hay duda que con los renovados ordenamientos vinculados al transporte se avizoran cambios sustanciales para terminar con el caos, al establecer criterios muy puntuales en materia de regulación y modernización de este servicio público, tan indispensable para la adecuada convivencia social.
De fondo, este monumental esfuerzo implica terminar con privilegios, desmarañar amplias redes de interés y afectar a grupos que han operado en la entidad como verdaderas mafias.
Tales males serán abatidos mediante controles y seguimiento puntual en aspectos tan relevantes como las concesiones, permisos, rutas, tarifas, seguridad a los usuarios e infraestructura vial, así como otros relacionados con el servicio de taxis y a las polémicas plataformas digitales.
Entre otros objetivos, se propone también poner freno a la actividad de los llamados “taxis piratas” y, previo estudio técnico, autorizar sólo en casos extremos y en algunas comunidades, el uso de los mototaxis, cuya propagación también ha sido motivo de incontables corruptelas.
Como complemento, el gobierno estatal tiene elaborada la iniciativa de Ley de Movilidad y sólo está en espera que el Congreso de la Unión resuelva respecto a otra norma de carácter federal, que persigue también los mismos propósitos.
Se trata de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que el Senado de la República aprobó el pasado 14 de diciembre y que ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados.
Su propósito es “establecer las bases para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Una vez aprobada, se obligará a las entidades federativas a expedir sus leyes particulares, que en el caso de Puebla será muy similar y de avanzada.
Tiene entre otros objetivos, priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías.
Busca el menor costo ambiental y social, abarca la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
También establece los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves, ocasionadas por siniestros viales.
Reconoce el derecho a la movilidad como el de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, “permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia”.
Define a la seguridad vial como “el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos”.
La disposición federal también ordena que en las entidades de la República los reglamentos de tránsito contemplen, entre otras cosas, la obligación de portar licencias o permisos de manejo.
Dispone que los límites de velocidad sean de 30 km por hora en calles, 50 km en avenidas de acceso controlado, 80 km en carriles centrales y 110 km en carreteras federales.
Condiciona que los menores de 12 años viajen en asientos infantiles, así como el uso de casco en motocicletas, además de prohibir el uso de telefonía y dispositivos electrónicos.
También exige la aplicación de alcoholímetros y de un examen de manejo, que acredite conocimientos teóricos y prácticos.
Asimismo, incorpora los principios de “Confiabilidad”, “Multimodalidad” y “Uso prioritario de la vía o del servicio”, entre otros.
Precisa que las medidas implementadas por la ley tendrán como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves.
De manera relevante, se establece que para la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad se deberá favorecer, en todo momento, a la persona y para ello se fijan jerarquías de movilidad.
Así, en este orden, se prioriza a peatones, ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados, personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, por último a automovilistas.
Por otra parte, se creará un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial como mecanismo de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y sectores de la sociedad, así como las bases de datos en la materia que se alimentará de la información contenida en el Registro Público Vehicular, las licencias de conducir, operadores de transporte, infracciones y siniestros, entre otros.
Estamos, pues, frente a la posibilidad de una renovación integral en materia de transporte y movilidad vial, cuyo alcance y beneficio social son incalculables.
Enhorabuena que así sea, ya era tiempo.
