Referíamos en nuestra anterior entrega el exagerado escándalo que se generó en redes sociales por la coincidencia de un video que daba cuenta de una riña entre dos adolescentes del Colegio Benavente y, por otra parte, de los mensajes faltos de verdad de una madre, en reclamo por el presunto bullying del que fue objeto su hijo en el Instituto Oriente.
Respecto al primer caso, al ser cuestionado por la prensa el mandatario estatal Miguel Barbosa dijo que se trató más bien –como lo fue– de un “tirito entre estudiantes” y no de bullying, y que ese tipo de sucesos han ocurrido siempre, con la diferencia de que ahora son grabados en los teléfonos de los escolares.
De cualquier modo, el gobernador exhortó para que haya más conciencia entre los estudiantes, a quienes pidió cuidarse entre ellos mismos, así como una mayor supervisión por parte de las escuelas y los padres de familia.
Justo en esos días ocurrió además otro incidente similar en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, que propició la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
El organismo emitió medidas cautelares a las presuntas víctimas y dijo haber iniciado investigaciones para determinar si se violaron sus derechos humanos, al tiempo de requerir al titular de la Secretará de Educación, Melitón Lozano, para que “implemente las acciones necesarias a efecto de salvaguardar la vida, integridad física y psicológica de los alumnos.
Respecto a lo ocurrido en las instituciones privadas –el Instituto Oriente y Colegio Benavente–, se giraron recomendaciones para establecer mecanismos de cuidado y vigilancia y de supervisión a la conducta de sus alumnos.
Días después, para colmo, se supo de un incidente adicional ocurrido en Puebla, protagonizado ahora por adolescentes de la Telesecundaria 82, ubicada en la colonia Satélite Magisterial.
Llama la atención que en la semana subsecuente se registraron otros casos similares, como el ocurrido en la Secundaria General Mariano Escobedo, ubicada en Tres Marías, municipio de Huitzilac, Morelos, donde las peleas entre mujeres estudiantes se volvió todo un espectáculo al difundirse en redes durante tres días consecutivos.
La semana pasada también se viralizó un video en el que un alumno de la Secundaria 10 de Abril, ubicada en el municipio morelense de Emiliano Zapata, amagó con un machete a uno de sus compañeros del salón de clases.
Aunque el bullying o acoso escolar, que implica maltrato verbal, psicológico o físico ciertamente no es un fenómeno social reciente, hay indicios de que su incidencia es cada vez mayor, y eso debería preocupar aún más si estos hechos se contextualizan en nuestros tiempos de readaptación social tras una larga temporada de pandemia.
Lo habíamos apuntado: el largo confinamiento provocó severas repercusiones en todos los ámbitos, muy especialmente en las relaciones sociales, y en particular, en la salud mental de los menores estudiantes.
Ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho varias advertencias sobre la necesidad de tomar medidas para atender de manera integral la salud mental de los niños y jóvenes, al considerar que se vio afectada significativamente por la pandemia, debido al temor, el incremento del estrés en las familias y el consecuente aumento de la ansiedad y depresión en los diferentes grupos etarios.
“Además, los niños y las niñas podrían encontrarse más expuestos a violencias, abusos y negligencias, que podrían incrementar conductas de riesgo a largo plazo entre la juventud, así como también los embarazos adolescentes”, por lo que ha recomendado “generar instrumentos que permitan a las escuelas evaluar los impactos socioemocionales de la pandemia COVID-19, así como implementar acciones para enfrentarlos”.
En este sentido, la OMS recomienda como política pública “generar y difundir información oficial sobre la situación de las escuelas a nivel nacional, considerando sus necesidades y demandas, ya sea en lo relativo a equipamiento, conectividad, programas específicos de apoyo socioemocional, programas de formación, entre otros, permitiendo diseñar e implementar acciones pertinentes y que respondan a los diversos contextos locales”.
Un caso notable de una visión acertada y puntual de este problema social es el que se registra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuya rectora Lilia Cedillo Ramírez había reconocido desde su campaña electoral la necesidad de atender las posibles afectaciones mentales de los alumnos debido a la pandemia.
Hace días, en Ciudad Universitaria, la rectora colocó la primera piedra de lo que será el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional de la BUAP.
“Los directores de las unidades académicas lo saben bien, hay problemas emocionales en nuestros estudiantes, derivados de la pérdida de seres queridos; a esto hay que sumar el aislamiento que provocó la pandemia, por lo que una manera de tratar emocionalmente a estos jóvenes será a través de este proyecto, pionero en su área”, expresó.
Dicho centro contará con instrumentos de terapia asistida con animales como un recurso eficiente en tratamientos para rehabilitación tanto física como emocional.
Ni duda cabe: siempre será mejor prevenir que lamentar.
No habría que esperar a que sucesos como el acontecido en febrero pasado en Uvalde, Texas, hagan despertar la conciencia. El autor de aquella masacre que dejó más de 20 muertos era un joven solitario de 18 años que sufría bullying por un impedimento del habla en su infancia, tenía una vida familiar tensa y arremetía violentamente contra compañeros y extraños.
La violencia entre estudiantes, sea casual o por bullying, reflejan de algún modo problemas de salud mental que no sólo afectan a quienes los padecen, sino a toda la sociedad.
Un último dato que estremece: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, año que comenzó la pandemia de COVID-19, mil 150 menores de edad decidieron suicidarse, una cifra nunca antes registrada. De ellos, 278 niños y niñas tenían entre 10 y 14 años.
Es tiempo pues de políticas públicas oportunas y eficientes. Los tiempos actuales lo exigen así, y ese esfuerzo involucra por igual a gobiernos, directivos de centros educativos, los propios estudiantes y, desde luego, los padres de familia.
