Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava /correo: [email protected] web: parmenasradio.org
En la época de la saturación del mundo,
la convivencia exige que se rebaje,
por así decirlo, la temperatura de los derechos,
empezando por los más pretenciosos y voraces.
En caso contrario,
tendremos que prepararnos para lo peor
Gustavo Zagrebelsky
En este mes de junio de 2023, se pospuso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prohibición de la instalación de nacimientos en espacios públicos a cargo del erario público. Es decir, que las erogaciones para su instalación corran por parte de los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal.
Desafortunadamente, de nuevo es materia de decisión por parte de la Corte temas que no resuelven los problemas centrales que estamos viviendo en México, como son: la inflación, el desempleo, la inseguridad pública, la delincuencia organizada, la corrupción en todos los niveles de gobierno, la falta de certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos de a pie, la falta de oportunidades, la fuga de capitales, la salida de miles de mexicanos del país para buscar otras esperanzas.
Pero si hay tiempo para temas que solamente laceran a una gran cantidad de mexicanos y que provocan más división en un país que necesita lo contrario.
En esta administración pública federal se ha agudizado ese distanciamiento entre los propios mexicanos. Es más, se ha propagado, promovido, incentivado, y con este caso que tiene la Corte en sus escritorios, es evidente que juega en la misma línea de divisionismo en la que se está enfrentando México.
Incluso, da la idea o la presunción con este caso de la prohibición de la instalación de los nacimientos en los espacios públicos, que esa serie de decisiones que se han dictado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación últimamente en contra de las iniciativas presidenciales convertidas en leyes aprobadas por el Congreso, más que reveses de la administración pública federal por parte de la Corte, se trata de mostrar una cara de división de poderes que para los que saben no existe.
Efectivamente, parece no existir esa división de poderes desafortunadamente en México. La muestra es muy clara y palpable: todos los planteamientos que hacen los contribuyentes de a pie en los últimos años para tratar de defenderse de las voraces reformas fiscales que cada día afectan más los derechos de los gobernados, sistemáticamente son desechados, desestimados, sobreseídos y negados.
Casos de evidencia de inconstitucionalidad que la Corte, haciendo uso no de la argumentación jurídica, sino de una especie de “gimnasia jurídica”, ve la forma y el modo de sostener la validez y constitucionalidad de esas obligaciones fiscales. La última de estas decisiones fue la constitucionalidad de la reforma fiscal de 2022, correspondiente al denominado “beneficiario controlador”.
Por lo cual, en estos casos emblemáticos de enfrentamiento entre la Corte y la administración pública federal, parecieran meras simulaciones para demostrar una división de poderes que, en los casos que se deben resolver para beneficio de los gobernados, no existe.
Sobre ese juego político, desafortunadamente se encuentra el caso de la decisión sobre mantener los nacimientos en las plazas y lugares públicos, auspiciados económicamente por los gobiernos municipales, estatales y federales, que se insiste en que es un distractor más en este país, el cual se encuentra en una crisis profunda de gobernabilidad. ¿Cuándo se ha visto que la Corte declare la inconstitucionalidad de un impuesto por no estar destinado al gasto público? Pero sobre todo, ¿cuántas veces observamos actos de corrupción, uso de recursos para dispendios, etc., sin que sean castigados? ¿Cuánto podría costar la instalación de un nacimiento en una plaza pública? ¿Qué representa para la cultura mexicana el nacimiento en un lugar público?
Esta determinación de la Corte respecto a los nacimientos, que no podrán instalarse con recursos de la nación, desafortunadamente está poniendo nuevamente en juego la legitimidad de la Corte y su credibilidad, lo que provoca que estemos ante la presencia de una simulación del Estado de derecho.
Desde la teoría de la decisión judicial, se ha implementado desde hace muchos años las denominadas sentencias “manipulativas”, donde los tribunales pueden modificar el derecho. Es decir, no basta con interpretar la ley, sino que se puede crear derecho. Esto es novedoso para el sistema mexicano, pero se ha aceptado en Alemania y, desde luego, se ha copiado aquí en México. Es por ello que nos encontramos con este tipo de casos, como el de los nacimientos, en cuanto a que los tribunales y jueces pueden modificar el derecho.
Sin embargo, para la postura teórica que objeta este tipo de sentencias, la crítica es que se están invadiendo funciones por parte del poder judicial sobre el legislador, lo cual no respeta una correcta división de poderes.
Por el contrario, lo que se observa es que el poder judicial está por encima del legislador, cuando de acuerdo con la postura que siempre ha mantenido el sistema jurídico en México, las sentencias de los tribunales solamente interpretan la ley y respetan la división de poderes. Sin embargo, esta nueva postura teórica, y ahora en la práctica, ha puesto en aprietos a la Corte, al grado de que pierde su legitimidad.
En el caso que nos ocupa, respecto a la instalación de los nacimientos en las plazas públicas, la última palabra la tiene la Corte. Ya tendrá la oportunidad de reivindicar sus funciones y limitar esa serie de discusiones judiciales que no resuelven absolutamente ninguno de los problemas que viven los ciudadanos de a pie día a día. Sin embargo, si se decide la prohibición de la instalación de nacimientos en plazas públicas a cargo del erario público, lejos de resolver un problema, se estarían creando miles de problemas más.