Rocío García Olmedo / @rgolmedo / [email protected] / [email protected]
Las mujeres somos aliadas estratégicas cuando de causas se trata. Muchas causas han sido las que nos han unido a lo largo de la historia. Todas se suman en una: nuestros derechos.
Si bien diferentes han sido los métodos que cada una usa para incidir, hemos, sin duda, avanzado, pero también reconocemos los retrocesos que hemos vivido en este sexenio. Nuestros derechos han sido vulnerados.
Todas sabíamos que uno de los focos rojos en lo que concierne a nuestros derechos estaba en esas propuestas constitucionales que el Ejecutivo envió y que él mismo definió como su plan A y su plan B.
Esas propuestas para reformar la Constitución Política y diversas leyes en materia político electoral que trastocaban no sólo procesos electorales que estaban en marcha; además, habían sido aprobadas sin análisis, sin estudio y violentando gravemente el proceso legislativo; peor aún, sin siquiera conocerlas, como quedó bien documentado.
Más aún si consideramos también que el presidente nos dejó muy claro el objetivo de sus iniciativas: reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), regresar el manejo de los procesos electorales al gobierno, intervenir en el padrón electoral, recortarle recursos, eliminarle 85% del servicio electoral profesional, entre otros.
Todo, en clara afectación a los procesos electorales que vivirá el país en 202. Pero también causaba afectaciones a nuestros derechos adquiridos; entre otros, el Principio Constitucional de Paridad.
Ponía en riesgo lo que conocemos como “3de3, Ningún agresor con sentencia firme en el poder público”, que, como bien se ha dicho, no tiene dedicatorias, tiene destinatarios.
Por fortuna, las innumerables impugnaciones presentadas por diferentes actores fueron abordadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarando su inconstitucionalidad.
Sabemos que los ministros y ministras de la SCJN tienen como función ser garantes y guardianes de la Constitución Mexicana y fungir como mediadores en las controversias constitucionales, enorme responsabilidad de gran importancia que al presidente le molesta.
Conocer el Resolutivo al plan A y al plan B provocó la furia del presidente en contra de la mayoría de ministros y ministras de la SCJN, arremetiendo contra ellos y ellas, especialmente en contra de su presidenta, olvidando convenientemente que en nuestro país la división de poderes es la base de la organización política.
Que si bien el Poder Ejecutivo que él representa ha ejecutado todas sus propuestas, como lo ha hecho el Poder Legislativo “sin cambiar una sola coma”, atendiendo a todas sus instrucciones, el Poder Judicial, representado por la Corte, es el que ha asumido con gran responsabilidad su autonomía, cumpliendo con la división de poderes.
Por ello, hoy, el presidente ha emprendido una nueva estrategia: cambiar la forma en que son elegidos los integrantes del Poder Judicial e insistir en someter al INE mediante una nueva reforma constitucional que presentará inmediatamente después de las elecciones de 2024 y antes de la conclusión de su cargo.
Para ello lanza su plan C. Se trata de que ganen las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, para que le aprueben estas reformas constitucionales, que por serlo requieren de mayoría calificada.
Y lo dicen como si fueran a ganar todo, cuando falta todavía “que corra mucha agua” en este proceso electoral adelantado.
Pero las mujeres nos estamos alistando; no permitiremos más retrocesos. Por ello reiteramos nuestra alianza estratégica ante todo esto.
No permitiremos que se tergiverse el Principio de Paridad; debemos estar pendientes del acuerdo que determinará el número de mujeres que contenderán para las nueve gubernaturas que se eligen en 2024, porque caminamos de la paridad cuantitativa hacia la paridad cualitativa.
Porque tenemos que vigilar la armonización en todas las Constituciones estatales de la reforma Constitucional de la 3de3 y su aplicación; establecer los mecanismos y las herramientas para contar con un Registro Nacional y estatales en coordinación interinstitucional (INE-DIF-Fiscalías) que incorpore a las personas sancionadas por delitos de violencia familiar, violencia sexual y deudores alimentarios, para lo cual requerimos que las autoridades judiciales se obliguen a eliminar la impunidad existente en delitos contra mujeres.
Porque también, entre otros, debemos vigilar que los partidos políticos ya no sólo soliciten para sus postulaciones cartas bajo protesta de decir verdad, sino que hagan uso de las Cartas de Idoneidad y Elegibilidad en cargos de elección popular.
Por eso no podemos dejar que personajes sin propuestas de reconstrucción y sin agenda de mujeres lleguen a cargos; mucho más porque sabemos que, cuando de causas se trata, las mujeres somos aliadas estratégicas.
