Diana López Silva
El análisis que hace el Congreso local para que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación lo hagan de manera legal y gratuita en los hospitales públicos estatales ha ocasionado que los grupos en contra incrementaran sus manifestaciones para rechazarlo en las últimas dos semanas.
Integrantes del Frente Nacional por la Familia y Provida han protestado frente al Congreso local para exigir que no se despenalice la interrupción del embarazo.
La semana pasada, con lona en mano fueron a la entrada del recinto legislativo y aprovecharon para expresarse en contra de las reformas al Código Civil que reconocen los matrimonios de las personas del mismo sexo.
Además, exigieron que se apruebe el “pin parental”, para que los niños no reciban educación sexual en las escuelas si así lo deciden los padres.
A la par, la Arquidiócesis de Puebla se ha pronunciado de manera pública y dura contra la iniciativa que reforma la Ley de Salud estatal, impulsada por la morenista Estefanía Rodríguez .
A través de un comunicado, la Iglesia atajó que hay “opciones antes que pensar en eliminar la vida del propio hijo” y que era mejor la adopción o la ayuda de organizaciones civiles a mujeres que atraviesan por “situaciones complicadas”.
A las manifestaciones en contra se suman las expresiones al interior del Congreso como la de los diputados panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez o la del legislador Héctor Alonso Granados (sin partido), quien criticó que se le diera prioridad a este tipo de iniciativas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud y Procuración y Administración de Justicia para ser analizada, aunque los panistas pedían que se agregara una más, la de la Familia y Derechos de la Niñez.
La diputada que impulsa la iniciativa, luego de que propuestas como la de la priista Rocío García Olmedo se mantuvieran en la congeladora, defendió su propuesta al señalar que se trataba de un asunto de derechos humanos.
“No es nuevo, ni parte de una polémica, es un estándar de salud pública internacional, que permite el libre ejercicio del derecho más básico como lo es la salud sexual y reproductiva, sin la cual, de no trabajar en ello, estamos todavía en un panorama más complicado para las niñas y las mujeres”, dijo.
