SEGURIDAD
En sus redes sociales, ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes resaltó haber iniciado la semana con una mesa de trabajo con servidores públicos de las áreas de Seguridad Pública estatal y de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
Tras la reunión en Casa Aguayo, el mandatario agregó que la coordinación en todo el estado es permanente y aprovechó para extender “un amplio reconocimiento a nuestras fuerzas de seguridad que todos los días demuestran su disciplina, lealtad y compromiso con Puebla” y pidió no bajar la guardia.
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LEGAL
Al rechazar la propuesta de un segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla que planteó el frente opositor conformado por el PAN, PRI y PRD, el Instituto Electoral del Estado no hizo más que apegarse a la normatividad, ya que dicha petición incumple con los lineamientos previstos.
Ante la inconformidad del candidato Eduardo Rivera Pérez, fuentes del organismo electoral señalaron que por ley existe la obligación de celebrar una sola confrontación, lo que ya se hizo, además que la solicitud para realizar una adicional debe hacerse 25 días antes del cierre de campañas.
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HOMICIDIOS
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal informó ayer que el pasado fin de semana fue el más violento del año en el país al sumar 280 asesinatos, de los cuales 18 ocurrieron en Puebla entre el viernes y sábado, para situarse en el sexto lugar nacional de incidentes.
De acuerdo con el reporte, el pasado viernes se registraron en Puebla 13 homicidios, la cifra más alta de los dos últimos años; el sábado hubo cuatro y el domingo uno; las entidades con más casos fueron Guanajuato, con 34, Estado de México 28, Nuevo León 26, Jalisco 21 y Michoacán 20.
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NECEDAD
Tras rechazar la invitación que se les hizo de manera formal para sostener una mesa de diálogo en Casa Aguayo, dirigentes de la organización Pueblos Unidos están convocando para este martes a un encuentro de carácter público en San Pedro Cholula para tratar la viabilidad de operación del tiradero de basura.
Así, los protestantes nuevamente se niegan a aceptar el resultado de diversos estudios realizados por instancias federales, estatales y por la BUAP en los que se dictamina que dicho tiradero no representa riesgos de contaminación, por lo que inútilmente insisten en que ese lugar sea clausurado de manera definitiva.
