A FONDO
Finalmente, el gobernador estatal Miguel Barbosa Huerta decidió cortar de tajo la muy arraigada corrupción que imperaba en las delegaciones de Tránsito de la entidad, por lo que ayer anunció que todos los delegados y sus respectivos supervisores fueron cesados desde el pasado martes.
Al respecto aseguró que dichos servidores públicos repartían impunemente dinero de arriba hacia abajo como lo hacían en pasadas administraciones, y que por esa misma razón hizo desaparecer recientemente la Dirección de la Policía de Vialidad, cuyos 462 elementos extorsionaban en carreteras, por lo que ahora serán habilitados en la policía estatal.
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MAESTROS
Previas reuniones con autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública y del sector Salud, quedó prácticamente resuelto el proceso de vacunación contra el COVID-19 para personal docente y administrativos, tanto de instituciones públicas como privadas de Puebla, que se llevará a cabo del próximo martes –el lunes celebran su día– al sábado 22 de este mismo mes.
Tal medida abre la expectativa para un retorno presencial a clases de manera gradual para el próximo ciclo escolar, que iniciará en agosto entrante, si bien habría que extremar medidas, tomando en consideración que en Campeche –que reanudó labores desde el 19 de abril– ya se registraron dos casos de contagio de coronavirus.
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CONSEJEROS
Ayer se venció el plazo de inscripción para los poblanos que aspiran ingresar al IEE como consejeros electorales para un periodo de siete años, previéndose que realicen su examen de conocimientos el próximo 10 de julio, presenten un ensayo el 14 de agosto y terminen el proceso con una entrevista presencial en fecha aún no programada.
Serán tres las plazas disponibles para sustituir a los actuales Alejandra Gutiérrez, José Luis Martínez y Juan Pablo Thomé, quienes concluyen su polémica gestión en noviembre próximo, lo cual será determinante para cambiar la dinámica actual del órgano electoral poblano, en donde prevalecen diferencias y constantes grillas.
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LÍOS
Una arbitraria intervención de autoridades municipales en un asunto vecinal provocó la tarde del pasado miércoles tremendo conflicto vial sobre Circuito Juan Pablo, que se extendió desde la zona de Las Ánimas hasta el Boulevard Atlixco, y todo por el amago del retiro de unas rejas de seguridad.
Resulta que el Comité de Vecinos del Fraccionamiento Las Ánimas colocó protecciones con el aval de 340 propietarios de viviendas, a los que sólo cuatro se opusieron, pero uno de ellos –con influencia en el Ayuntamiento capitalino– gestionó su retiro, lo que finalmente no ocurrió previas manifestaciones y plantones en plena vía pública.
