GRAN APOYO
Todo hace indicar que este miércoles en Puebla será anunciada la conformación de un Consejo de Solidaridad, similar al que ya está operando con el gobierno federal, en el que participan diversas instituciones que con el apoyo de la iniciativa privada reúnen fondos para apoyar a hospitales que atienden casos del COVID-19.
Al adelanto que en este espacio habíamos dado, es posible agregar que mediante gestiones de directivos en Puebla de BBVA Bancomer y del Tecnológico de Monterrey se “adoptará” el hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado a un costado de la autopista, que actualmente está habilitado en su totalidad en la atención de pacientes contagiados del coronavirus, cuyo mantenimiento es muy significativo.
Con ayuda del gobierno estatal, que ha ofrecido total apoyo y disposición, y con la participación de diversas instituciones educativas y empresariales, los recursos que puedan ser recaudados mediante donativos se destinarán para solventar los gastos que se deriven en insumos médicos, así como en albergues y otra infraestructura indispensable.
Un esfuerzo colectivo de enorme utilidad para enfrentar la pandemia que está ahora en su momento más álgido.
NI TAN COMPLICADO
Parece difícil que pueda prosperar la iniciativa que recién anunció la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo cuyo objetivo es conceder atribuciones al Congreso del Estado para vigilar y sancionar a órganos actualmente autónomos pero que reciben recursos estatales, como la BUAP, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y la Comisión de Derechos Humanos.
Pero quienes ya mostraron su rechazo deben saber que al menos en el ámbito electoral, ese mecanismo se encuentra establecido a nivel federal, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral tiene un órgano de control interno designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las entidades federativas se regula igual, con el nombramiento desde el legislativo estatal, así que no habría obstáculo legal alguno para el funcionamiento adecuado de las labores de vigilancia y su control interno.
Existen antecedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado de manera adversa, aludiendo la posible presencia de acciones de inconstitucionalidad, como ha ocurrido en Michoacán, Jalisco, Hidalgo y Nayarit, pero habría que revisar cada caso que podría ser distinto a lo que ahora se plantea para Puebla. En suma, la propuesta es viable, aunque no guste.
