RECURSOS
No fue un reproche, como lo asentó, pero sí una expresión de confianza la del gobernador Miguel Barbosa, cuando el fin de semana señaló que “ojalá ya le toque algo a Puebla”, refiriéndose al presupuesto para el gobierno federal en 2022 que deberá aprobar próximamente el Congreso.
Al respecto, pidió a los diputados poblanos “crear condiciones para que la federación desarrolle proyectos para el estado”, debido a que “durante los tres años anteriores eso no ha sido posible”, lo cual dijo entender porque los recursos han sido destinados a las grandes obras de infraestructura del gobierno de la 4T.
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CASTIGO
No es para presumirlo, pero el todavía presidente municipal de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, se convirtió en el primer poblano que fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.
El morenista había suspendido el pago salarial a una regidora, a la que también le impidió participar en el cabildo, además desobedeció las sanciones que se le habían impuesto desde finales de 2019, por lo que ahora no podrá registrarse como candidato a un cargo de elección popular por un periodo de más siete años.
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COORDINACIÓN
Todo hace indicar que, más allá de diferencias políticas, las relaciones entre el gobierno estatal y la nueva administración municipal estarán sustentadas en la colaboración mutua, especialmente en temas torales como la seguridad pública y la obra pública.
Ya, por lo pronto, este mismo fin de semana se celebraron varias mesas de trabajo entre representantes de ambos órdenes de gobierno, en las que se abordaron asuntos relaciones con el DIF, economía, infraestructura y seguridad, de las que saldrán propuestas concretas a realizar desde octubre próximo.
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GIRA
Hoy estará en Tehuacán y Ajalpan el consejero del Instituto Nacional Electoral Roberto Ruiz Saldaña para promover la consulta popular que a nivel nacional se realizará el próximo domingo 1 de agosto, y en la cual, según las listas nominales, podrían participar 4 millones, 759 mil 751 mil poblanos.
Dicha consulta, que ha sido motivo de amplias controversias, sólo se cuestionará si se está o no de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
