Muy distinto de lo ocurrido con los matrimonios igualitarios, que finalmente fueron aprobados la semana pasada en Puebla, luego de un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el controvertido tema -y que genera gran polarización– de la despenalización del aborto, no se ve en el horizonte inmediato dentro de las prioridades del Congreso del estado, por razones jurídicas, sociales y, por supuesto, políticas.
Luego que la diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Estefanía Rodríguez Sandoval presentó una iniciativa para que el aborto “legal y seguro” se reconozca en nuestro estado, se podría pensar que el tema está en la agenda urgente del lopezobradorismo poblano.
Pero no es así.
Ni en Puebla, ni en el país.
De hecho, se trata de un asunto muy complicado, que no se concilia del todo en los mismos grupos morenistas y de izquierda.
Para algunos es ineludible, y para otros es simplemente una discusión que no se debe dar por ahora, menos aún en la proximidad de los procesos electorales locales y federal en todo el país.
Prueba de ello es que, a dos años de la instauración de la Cuarta Transformación (4T) y que el aborto legal es bandera política y legislativa desde hace muchos años en algunos de sus integrantes, hasta ahora solamente dos entidades lo tienen contemplado.
La Ciudad de México, en donde se aprobó en el año 2007, cuando ni siquiera existía Morena como partido y fueron los y las legisladores y legisladoras perredistas quienes lo avalaron.
Y en Oaxaca, en donde se aprobó el 25 de septiembre del año pasado.
Y ahí el gobernador es del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque la mayoría parlamentaria local efectivamente es de Morena.
¿Qué pasó, entonces?
Hay otros estados, como Puebla, en donde el lopezobradorismo local tiene las bancadas mayoritarias, pero no se ve que vaya a abordarse.
El tema además -reitero- es muy distinto al de las llamadas bodas gay, pues la SCJN ha decidido no ordenar su aprobación o legislación, porque se corre el riesgo de sustituir a los Poderes Legislativos locales.
Así lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, cuando en julio pasado resolvió una controversia que proponía legalizar el aborto en el estado de Veracruz.
Hay instancias también de la 4T, aunque debieran ser autónomas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que realiza su propia presión.
En un pronunciamiento el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el pasado 28 de octubre, la CNDH “responsabilizó a las 30 entidades federativas que no han despenalizado el aborto de la ‘injusticia y violencia’ cometida contra las mujeres”, citaron los medios.
Así que en la visión de la “película completa”, no hay que perder de vista que ni siquiera la izquierda hoy políticamente hegemónica, ha sido capaz de resolver el debate sobre el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación.
Y el tema no se ve de pronta resolución.
