En la revisión que la actual administración estatal está realizando sobre los probables delitos del pasado se ha detectado un nuevo fraude, este con un presupuesto de 100 millones de pesos para la construcción de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, que en siete casos no se edificaron y las únicas dos que realmente existen, no sirven.
Esos recursos, que la administración federal de Enrique Peña Nieto entregó a la estatal de Rafael Moreno Valle, literalmente terminaron en lo que podría ser un negocio con agua de caño.
Tan pestilente y tan oscura como ésta.
Vamos por partes: entre 2013 y 2017, en plena administración morenovallista, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó esos recursos al gobierno del estado, que aparece como “ejecutor” de las obras.
Sin embargo, de las nueve plantas que debieron construirse en los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Andrés Cholula solamente dos se edificaron, pero no sirven.
Eso sí, se cobraron y la responsabilidad documentada es de la administración del estado, que encabezó el morenovallismo.
Por más que se buscan, no se encuentran.
En los lugares en que, se supone, deberían estar, de acuerdo con el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, uno se topa con obras negras o lotes baldíos.
Ese presunto fraude lo han documentado Organizaciones No Gubernamentales como Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental.
La larga estela de presunta corrupción de este caso, que también está siendo rastreado por la Conagua, a partir de la llegada de la nueva administración federal, configuran un grave daño patrimonial.
De acuerdo con el seguimiento del caso, que han realizado las ONG’s, hay la presunción de que solamente 3.3 millones de pesos, del gran total de 100 millones, fueron realmente aplicados por la Secretaría de Infraestructura, en los tiempos del morenovallismo.
Entonces, casi 97 millones de pesos están en la oscura y pestilente posibilidad de la franca corrupción.
El caso, de acuerdo con fuentes de la administración estatal, ya está en manos del gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta, y se viene un proceso también para esclarecerlo y sancionarlo.
Uno más.
Tarde o temprano, la corrupción del pasado termina por emerger.
Como el agua de cañería.
