Por: Diana López Silva
El Congreso de Puebla busca sancionar con 7 a 13 años de prisión, y una multa de 300 a 700 UMA, a quien agreda a mujeres con sustancias peligrosas.
La iniciativa, propuesta por el diputado Néstor Camarillo Medina (PRI), prevé mayor castigo cuando haya relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.
De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez –cuya creadora es sobreviviente de un ataque ácido en Ixtapaluca, Estado de México–, en 94% de los 33 casos registrados en las dos últimas décadas en el país no ha habido una sentencia ni reparación integral del daño.
Tal es el caso de Esmeralda Millán, quien en 2018 fue atacada con ácido por su expareja y padre de sus dos hijos. Su caso ha sido pospuesto durante año y medio debido a vacíos legales y argucias de la defensa del agresor.
Ella y otras víctimas de estos ataques se han unido desde 2020 para promover una iniciativa que lo tipifique como delito grave, pues ahora las carpetas de investigación se abren por lesiones simples, pese a que son feminicidios en grado de tentativa.
