Guadalupe Juárez
La iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta para la Ley de Búsqueda de personas se concentra en la operación de un sistema estatal, la coordinación con las dependencias federales, estatales y municipios, así como el registro de personas desaparecidas, fallecidas y de fosas.
Mientras, la impulsada por las familias de víctimas de desaparición en la entidad busca un fondo de búsqueda del presupuesto estatal y mayor participación de ellas.
De acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso de Puebla el viernes 30 de julio, el mandatario propone la creación de células municipales de búsqueda.
Además, que los propietarios o encargados de hospitales, clínicas, albergues, instituciones de asistencia social, centros de atención de adicciones o de rehabilitación, centros de atención psiquiátrica, públicos o privados, sean obligados a informar a la Comisión estatal de Búsqueda el ingreso y egreso de personas no identificadas y que no tengan certeza de su identidad.
A diferencia de la iniciativa que impulsa el Colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla, el gobernador excluye del sistema estatal de búsqueda al Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y el Legislativo.
Ambas propuestas difieren en la participación de familiares de víctimas, el mandatario considera cuatro lugares en el Consejo Ciudadano y el colectivo busca seis espacios.
Para el gobernador, se requiere integrar un sistema estatal, presidido por la Secretaría de Gobernación, integrado por el fiscal General del Estado, el comisionado de Búsqueda, el titular del Consejo estatal de Coordinación del sistema Nacional de Seguridad Pública y el secretario de Seguridad Pública.
También contempla al titular del instituto de Ciencias Forenses y a tres personas del Consejo Ciudadano.
Barbosa Huerta establece que el sistema estatal podrá invitar a integrantes de órganos autónomos como del TSJ, del Congreso local y presidentes municipales, a sesiones en las que tendrán voz pero no voto, como proponen los familiares de víctimas en la iniciativa que ingresó desde el año pasado al Legislativo local.
En cuanto a la operación del sistema, es similar al mecanismo estatal que proponen las familias de víctimas, como la aprobación del programa estatal de búsqueda de la Comisión estatal, el seguimiento al cumplimiento de las estrategias y acciones.
Sobre la Comisión de Búsqueda de Personas, ambas iniciativas son similares, a excepción de la selección de la titular en cuanto a que será elegido y removido por el Ejecutivo estatal.
Mientras los familiares detallan el mecanismo para la presentación de candidatos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señala que se debe hacer una consulta pública previa a los colectivos de víctimas sobre los perfiles idóneos.
De acuerdo con el mandatario, en cada municipio podrán conformar las células servidores públicos de instituciones de Seguridad Pública, que participarán en búsquedas activas.
Además, señala como necesario que se verifiquen las condiciones de los panteones municipales y sus registros.
Para la reparación del daño a víctimas, ambas iniciativas difieren: las familias buscan que se incluya el regreso digno y seguro al lugar de residencia, reintegración del empleo, devolución de todos los bienes o valores que hayan sido incautados, atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada.
En tanto, el gobernador indica que las acciones sean la construcción de lugares o monumentos de memoria, una disculpa pública de parte del Estado, recuperación de escenarios de encuentro comunitario, así como medidas de no repetición y suspensión temporal o inhabilitación definitiva a servidores públicos investigados o sancionados por el delito de desaparición forzada.
