La liberación de narcotraficantes ordenada por las juezas de Puebla Rosa Celia Pérez González y Blanca Laura Ollivier Palacios “matan” el objetivo del nuevo sistema penal: la investigación y las evidencias como base de las decisiones.
En ello coinciden Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Ernesto López Portillo, especialistas académicos en administración e impartición de justicia. Indican que la desestimación de pruebas da al traste con la meta esencial del sistema penal acusatorio.
El desecho de evidencia caracteriza los casos de Pérez González –en contra de quien pesa una queja formal ante el Consejo de la Judicatura por liberar a Alfredo Ramírez, delegado regional en Chignahuapan de la Secretaría del Bienestar–, detenido por la Guardia Nacional en posesión de armas y droga, y de Ollivier Palacios, quien liberó a dos personas detenidas en flagrancia vendiendo droga y armadas.
“La triada de la investigación –Ministerio Público, policías investigadores y peritos– hacen el equipo de trabajo que provee evidencia; es de suma importancia que el juzgador se apegue a la ley”, indica Zepeda Lecuona.
A su vez, Ernesto López Portillo aseguró que acciones de jueces que no valoran las pruebas son la parte medular del problema de corrupción que impera en el país. “La presunción de inocencia es prioridad; pero la valoración de pruebas, clave”.
