Jesús Peña
Lenta respuesta de la autoridad primer respondiente, revictimización durante el tortuoso camino de presentar la queja, largos procesos, falta de asesoramiento, reclasificación del delito y saber que aún así no hay garantía de justicia, en medio de “populismo penal” genera un bajo número de denuncias por acoso y hostigamiento sexual, señaló Lizeth Mejorada Barrios.
En entrevista con este diario, la consejera en Puebla del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) habló de las dificultades que las víctimas enfrentan tras padecer estos delitos.
La mejor opción que han encontrado las mujeres agredidas es la queja pública, en especial, vía redes sociales, como le ocurrió a Victoria Ventura, el domingo pasado, en calles centrales de la Angelópolis.
—¿Qué tan difícil es denunciar acoso y hostigamiento?
—Es sumamente complicado presentar una denuncia. Cuando se sufre en espacio público o privado, no hay respuesta rápida ni de sociedad ni de instituciones para acompañar a las víctimas, esa es la principal barrera. Un ejemplo claro; si marcas al 911 no necesariamente van a reaccionar rápido y menos a dar con el agresor.
Además, es difícil denunciar a alguien que no conoces por su nombre. Si llega a ser detenido, muchas veces la Fiscalía General del Estado (FGE) o la autoridad municipal tienen una gran cantidad de errores en el proceso de detención, incumplen con el reglamento y eso deja al agresor libre.
Yo viví acoso en un viaje en autobús de la empresa ADO de México a Puebla. Yo me animo, presento denuncia pensando que sería una causa penal, pero en la mayoría de las agencias del Ministerio Público te enfrentas a varios problemas, porque están acusando a alguien con una sólo prueba: tu palabra.
Es cierto que hoy puedes grabar o tomar video con tu celular para que el agresor sea identificado, pero el ataque ocurre por sorpresa y no es posible tener lista la cámara del teléfono celular.
Con el nuevo sistema penal acusatorio, lo que la autoridad hace es decir que va a proceder pero por otra tipificación: ultraje a la moral pública.
Eso quiere decir que no lo encuadran como agresión sexual, por lo tanto, las penas son mucho menores. Como no tenemos pruebas para concatenar una denuncia,sólo queda palabra contra palabra.
Yo tuve identificado plenamente al agresor, pero cuando llegamos a las instalaciones de la 10 Oriente (donde están las unidades especializadas en Delitos Sexuales y la de Violencia Familiar y de Género) resulta que no había lugar para tenerlo en resguardo, por lo que hubo que trasladarse a la FGE. ¿Qué nos esperamos en esas condiciones?
Ahora, los policías municipales o estatales, quien sea el primer respondiente, tienen que quedarse a declarar, pero si llega su cambio de turno, se van. Eso viola la cadena de custodia, incumplen su labor y eso fragiliza la carpeta de investigación de las víctimas.
Tal parece que las autoridades y la sociedad están organizadas para que las mujeres no denuncien y no tengan acceso a la justicia, especialmente en un tema recurrente y muy difícil que denunciar.
—¿Qué tanto sirve el trabajo legislativo que crea leyes más severas, eleva castigos y tipifica delitos?
—Yo creo que vivimos en algo que llamo populismo penal. Es decir, los diputados se la pasan reformando, aumentando penas, haciendo nuevos conceptos penales, etcétera.
Pero en la praxis no importa, porque las autoridades toman otro tipo de decisiones, que son estructurales.
Eso sí, el fiscal o el secretario de Seguridad Pública va a comparecer al Congreso local y los legisladores no les señalan el incumplimiento de las leyes, de sus procesos.
Tenemos la ilusión que avanzamos en el acceso a la justicia, porque hay nuevas iniciativas, pero cada vez se hace más complicado que las personas puedan obtener justicia.
Yo decidí presentar denuncia y mi abogada fue Cecilia Monzón (activista víctima de feminicidio en 2021), quien me acompañó para obtener una reparación del daño, que fue económico, pero tardé dos años. Mi satisfacción es que ese sujeto ahora difícilmente va a acosar de nuevo.
Pero soy un caso en mil, porque no todas las mujeres van a tener el éxito que tuve, porque en mi caso el agresor estaba identificado, fui a denunciar inmediatamente y tuve una buena abogada. Aclaro que la agresión fue a las siete de la noche y salí a las seis de la mañana del día siguiente del Ministerio Público. Esto es parte del hartazgo por lo que se marcha el 8 de marzo.
—En la FGE, el acoso y hostigamiento son los dos delitos sexuales que menos se denuncian, ¿qué porcentaje representan y cuántos terminan en sentencia?
—Hablamos que ocho de cada 10 agresiones contra una mujer no se denuncian.
En acoso y hostigamiento se estima que llegan a una resolución 0.3% (tres de cada mil).
Con esto quiero decir que presentar una denuncia no es garantía de nada.
Lo podemos visibilizar con otro delito, que es más grave, el feminicidio. Aunque no tengo una cifra actualizada, la última vez que compañeras feministas preguntaron por el portal de Transparencia cuántas resoluciones de feminicidio se habían alcanzado en Puebla eran apenas cuatro.
Y es que muchas veces los casos se quedan en la vinculación a proceso, pero no llegan a sentencia.
—¿Qué sucede con estos delitos en espacios públicos, aunque un tanto restringidos, como las universidades?
—Es una situación muy complicada, especialmente porque no hay institucionalización de la perspectiva de género en el ambiente universitario, tampoco hay un instituto o procuraduría de derechos universitarios, un área de género para mediar conflictos, la mayoría ni siquiera tiene protocolos de atención a la violencia, no saben qué hacer.
Las estudiantes siguen enfrentándose a revictimización, a que no les crean, ni siquiera tienen acompañamiento, aun cuando el agresor está plenamente identificado, pero por parte de la institución educativa no hay la correcta actuación para darle seguimiento al tema.
Cuando son problemas más complejos, como violación, la universidad está obligada, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a acompañar a la víctima a presentar su denuncia, pero esto no sucede.
Por eso ponemos los tendederos el 8M, porque la denuncia pública es lo único que les queda.
—Pero sin una denuncia ante la autoridad competente, menos hay posibilidad de justicia.
—También tenemos que cuestionarnos qué es la justicia para cada quien. Yo creo que es importante denunciar por un tema simbólico, para que no se quede como una cifra muerta, que no es visibilizada, pero también comprendo a las mujeres que no quieren vivir la revictimización. Por eso, para muchas, lo que queda es la denuncia pública.
