Los 104 departamentos del “pueblito”, al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, fueron financiados con recursos ilegales por los exsecretarios de Seguridad Pública (SSP) de administraciones pasadas, en contubernio con delincuentes, exhibió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El 30 de junio, el mandatario anunció que se concluyó con la demolición de la infraestructura ilegal, utilizada para la renta como si se tratara de habitaciones de hoteles.
“Los recursos fueron de los secretarios de Seguridad Pública de cada administración a lo largo de años, de las personas privadas de su libertad coludidos con las autoridades para hacer lugares de solapamiento, de convivencia ilegal, y los gobiernos se hicieron ciegos, porque recibían beneficios”, remarcó.
Reiteró que desde su llegada al Ejecutivo estatal, ordenó la demolición del espacio denominado “pueblito”, sin embargo, Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya mintieron sobre la restrucción del lugar porque también fueron beneficiados.
Al calificar la situación como “un hecho vergonzoso”, el Barbosa Huerta aseguró que en su administración no se volverá a ver un escenario similar en los reclusorios.
El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, indicó que además de los departamentos dos gimnasios conocidos como “kioscos”.
