De manera sorpresiva, el presidente , Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, empresa eléctrica del Estado.
«Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica», establece la iniciativa del presidente López Obrador en la exposición de motivos.
Al ser preferente, el Congreso de la Unión tiene 30 días para discutir y en su caso aprobar o rechazar esta a iniciativa, que busca priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares así como las de ciclo combinado.
La iniciativa también busca modificar las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Esta reforma es seguimiento de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
De hecho esta política, que está suspendida por amparos que están interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14 % del PIB , según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esta reforma que contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios, establece que los nuevos permisos del sector deberán estar sujetos a los criterios de planeación de la Secretaría de Energía y obliga al regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.
Además ordena revisar la legalidad, rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.
Asimismo cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Esta iniciativa plantea garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación para lo cual propone modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CF, y con el diseño de un nuevo Contrato de entrega física de energía y capacidad a la red.
«Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado», asevera la iniciativa presidencial
«La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica», establece el documento. (La Crónica de Hoy)
