La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este lunes la primera parte de la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como «plan B», acusada de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales de 2024.
Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN bloqueó las reformas de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque la mayoría en el Congreso violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.
La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
Mientras que el Instituto Nacional de Electoral denunció que las reformas «merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda».
Pese al fallo, la decisión de la Suprema Corte no se basó en el fondo de la reforma, sino en la violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución, que establecen «el principio de deliberación informada y democrática».
“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara», indicó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, coincidió en que «se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa que iba a votarse, además no tuvieron tiempo para examinarla previo a la deliberación derivado a que se dispensaron los trámites sin justificar la urgencia de esa medida».
Este es el primer revés de la Suprema Corte al «plan B» de López Obrador, como se llama al nuevo paquete de reformas legales que López Obrador propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE.
En su totalidad, la reforma recorta 3.500 millones de pesos (175 millones de dólares), elimina el 85 % del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, según un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el «plan B».
Con información de EFE
