Anselmo Salvador Chávez Capó / Profesor Investigador de la UPAEP
El Poder Legislativo en su conjunto realizó uno de los trabajos más eficientes y poco prolijos que se recuerden en servicio del Ejecutivo mexicano, al aprobar las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que de acuerdo a su justificación de motivos pretende garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, así como un sistema tarifario de precios, que sólo se actualizaría en razón de la inflación.
¿De qué manera pretende alcanzar este objetivo?, cambiando el orden en la prioridad de las fuentes que despachan energía al Sistema Eléctrico Nacional.
Siguiendo ese proceso, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serían las primeras en despachar la energía que generan al sistema y cuando se agote su disponibilidad, se utilizarán todos los ciclos combinados de la empresa productiva del Estado, a lo cual sigue la energía generada en plantas eólicas y solares, y al final vendría el despacho de las compañías privadas.
Esto significa que se cambian las prioridades; ya no se contratará a la compañía que genere la energía más barata; el criterio actual será beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.
Esta modificación permitirá a la CFE con el pretexto de incrementar sus ingresos, así como bajar los costos, comprar más combustóleo a Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual es un energético que no puede ser comercializado ni utilizado fuera de México, ya que contiene 4% de azufre, que lo vuelve altamente contaminante, por lo que la única manera de emplearlo es en sus centrales convencionales, ocasionando que la empresa productiva del estado utilice componentes que deterioran más sus activos.
Con este mecanismo se tiene un doble juego perverso: la CFE compra un insumo barato (pero contaminante), mientras que PEMEX vende un energético que no puede vender y del cual se están produciendo aproximadamente 219 mil barriles diarios, lo que está dejando sin capacidad de almacenaje las refinerías de Tula y Salamanca, debido a que de cada barril de petróleo que se utiliza para producir gasolina y diésel se aprovecha 42%; mientras los residuos no utilizados se transforman en 30% en combustóleo y el resto en otros derivados del petróleo.
Los factores económicos son sustento suficiente para repensar esta legislación si se considera que el impacto directo en toda la generación de energía renovable existente en México, eólica y solar, representa 28 mil millones de dólares de inversión que ya se encuentra desplegada y comprometida, de modo que va a frenar la inversión de 11 mil millones de dólares en nuevos proyectos de generación eléctrica renovable y la generación de 50 mil nuevos empleos, de acuerdo con Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).
Y aún se deben considerar varios aspectos adicionales.
Esta modificación al sector eléctrico es primordialmente política, por lo que no se debe olvidar que este sector es uno de los seis específicamente protegidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, entre México-Estados Unidos.
Adicionalmente se ven severamente afectados el derecho a la libre competencia en el mercado de generación de electricidad y la no retroactividad de la Ley, lo cual va a dañar la competencia, la certeza y la certidumbre para invertir.
Sobre todo, es una ley que va a dañar las finanzas públicas, pero los que pagaremos las consecuencias de este capricho somos los ciudadanos.
