Jorge Alberto Calles Santillana
Esta semana, el Congreso estatal aprobó despenalizar el aborto. Puebla se convirtió, así, en la decimocuarta entidad en la que la suspensión de embarazos adquiere plena legalidad y universalidad.
El empoderamiento de las mujeres en este asunto particular, que no es de menor importancia, avanza, aunque lentamente.
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia resolvió que es anticonstitucional penalizar a cualquier mujer gestante por interrumpir su embarazo.
Sin embargo, los congresos estatales deberán reconocer la legalidad de la práctica para que las administraciones públicas asuman la responsabilidad de contar con la infraestructura y el personal médicos suficientes para la realización de la detención de los embarazos.
Restan dieciocho entidades por sumarse a la despenalización.
En México, hay alrededor de 48 millones de mujeres mayores de 12 años; 21 de ellos, en las 14 entidades en las que el aborto no es un crimen. Esto es, sólo cerca de 45% de las mujeres mayores de 12 años tiene garantizado su derecho a decidir sobre su gestación.
En el mundo, sólo en 67 de los 195 países existentes el aborto es aceptado sin restricciones. México forma parte de ellos y en América Latina sólo comparte la condición con Argentina, Cuba, Guyana y
Uruguay.
A pesar de que las luchas de las mujeres por poseer plenos derechos sobre sus cuerpos tienen una larga historia, su reconocimiento sigue estando restringido y siendo objeto de oposición por razones morales.
Sin embargo, datos proporcionados por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Grupo de Información en Reproducción Elegida y Telefem, por ejemplo, muestran que la penalización del aborto reporta graves daños a la salud de las mujeres –especialmente las pertenecientes a grupos de escasos recursos, marginados, étnicos minoritarios y afrodescendientes– y tiene consecuencias negativas sobre mercados laborales y finanzas públicas.
En los países en los que el aborto está aceptado sin restricciones, nueve de cada 10 abortos son seguros; en los países en los que existen restricciones, tres de cada cuatro se efectúan de manera altamente insegura.
En México, 7% de las muertes maternas son resultado de abortos realizados en condiciones de inseguridad.
Además, el erario debe invertir entre 80 y 100 mil pesos diarios en hospitales públicos para atender de urgencia a mujeres en estado de gravedad por malas prácticas abortivas.
En la mayoría de los casos, la hospitalización de las víctimas se extiende hasta una semana.
La criminalización del aborto no detiene a la práctica. La OMS calcula que en el mundo se registran 33 millones de embarazos no deseados anualmente por fallas en los métodos anticonceptivos.
Adicionalmente, en muchos países, como México, la mayoría de los jóvenes carece de información sexual y no tiene acceso a métodos de anticoncepción.
Por otra parte, la tasa de delitos sexuales en México es alta y en el 60% de los casos los agresores son familiares.
De esa manera, muchas de las mujeres agredidas recurren a prácticas ilegales con el fin de evitar que se conozca su estado de gravidez.
En otras ocasiones, deben realizar fuertes gastos porque deben trasladarse a otras entidades en las que la práctica del aborto es legal.
De acuerdo con cálculos, las mujeres deben invertir entre 7 mil y 13 mil pesos para suspender sus embarazos en clínicas particulares.
Según Telefem, hay muchas razones por las cuales el aborto tiene que ser
despenalizado.
Así, muchas mujeres que tienen derecho al aborto de manera legal no pueden obtenerlo cuando el aborto no está permitido sin restricciones.
Resistencias de parte de los médicos de los sistemas de salud es una de las razones.
La penalización también expone a las mujeres que optan por el aborto a tratos crueles y degradantes.
Asimismo, la criminalización hace posible y valida la existencia de un mercado clandestino millonario que no sólo lucra con los derechos de las mujeres, sino que también no asume responsabilidad alguna sobre las consecuencias de las condiciones de inseguridad en las que se realizan los abortos, como tampoco sobre las recurrentes malas prácticas.
En los países en los que el aborto no es criminalizado, es mayor la participación de las mujeres en los mercados laborales. Encima de todo, la penalización da pie más a un debate polarizado sobre los derechos de las mujeres que a detenciones y castigos.
La persecución judicial de las mujeres que abortan y de quienes facilitaron su suspensión es muy baja en relación con la práctica.
Celebremos, pues, este avance en el empoderamiento de las mujeres poblanas.
