Por: Víctor Reynoso/ Profesor de la UDLAP
Interés Público
Creo que no soy el único que siente que algunos aspectos de la política mexicana son un homenaje a Gabriel García Márquez o, más precisamente, a Macondo. Un ejemplo reciente es la pregunta aprobada por la Suprema Corte para la consulta popular:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” ¿Cuántos mexicanos, incluyendo el que esto escribe, pueden leer esta frase de corrido, sin tropezarse? ¿Cuántos la entienden cabalmente en una primera lectura? Las interpretaciones de la resolución de la Suprema Corte son interesantes.
Entre otras cosas porque abarcan casi todo el espectro: desde quien la ve como sumisión total del poder legislativo al ejecutivo, hasta quien la interpreta como una salida genial de los ministros para batear la papa caliente que les mandó el presidente.
En el primer extremo se interpreta que se hizo lo que el Ejecutivo quería, contra la Constitución y contra el sentido común: hacer una consulta pública para decidir si se debe aplicar la ley. Una consulta con claros rasgos macondianos.
Se ve también como una estrategia meramente electoral del presidente, para que su nombre aparezca en las elecciones de 2021 y lleve votos a su partido. Como se dice clásicamente: una acción que no piensa en la próxima generación, sino en la próxima elección.
Con esta sumisión estaríamos ya técnicamente en una dictadura, se dice: la misma persona controla los tres poderes. La interpretación antitética considera que la Suprema hizo una jugada más o menos genial. Rechazar la propuesta presidencial hubiera significado fortalecer al presidente y debilitar al poder judicial.
Es probable que la mayoría de los mexicanos, ajenos a la lógica jurídica, hubiera interpretado ese rechazo como una protección de los ministros hacia los expresidentes.
Mientras López Obrador quiere castigar las faltas de los exmandatarios, la Suprema Corte se niega a hacerlo. Se evitó ese riesgo. Pero no se cedió a la presión presidencial. No hay en la pregunta nombre ni apellidos.
El término “actores políticos” abarca mucho, hasta a Pío López Obrador y a su hermano. La pregunta es tan ambigua que pierde cualquier interés. Es hasta absurda ¿habrá quien pueda contestar con un “no”? Macondo es divertido. No necesariamente positivo para el interés público.
