Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó / Profesor Investigador de la UPAEP
Lo que estamos viviendo en materia energética no debe sorprendernos. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso del 1 de julio del 2018, declaraba que los contratos del sector energético suscritos con particulares serían revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad, y si encontraran anomalías que afectaran el interés nacional, se acudiría al Congreso de la Unión; a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre se conduciría por la vía legal; no se actuaría de manera arbitraria ni habría confiscación o expropiación de bienes.
En su discurso de toma de protesta ya había advertido de su intención de modificar la dinámica creada en el mercado energético, tras la reforma en el sector realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto; ya se habían presentado diversos intentos, entre los cuales se puede mencionar la emisión de políticas limitantes a la actividad eléctrica, ataques a los reguladores energéticos y modificaciones a las leyes secundarias (las cuales han sido rechazadas por el Poder Judicial, cada vez que se presentan) hasta que por fin el presidente ha enviado al Congreso el instrumento final para regresar al centro del mercado a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual es más agresiva de lo que se había previsto. A continuación se presentan los principales aspectos que la integran:
• Desaparece la figura de empresa Productiva del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la cual le daba la obligación de participar en sus respectivos mercados, para convertirla en Organismo del Estado. Esto regresaría a la eléctrica nacional a tener un papel preponderante dentro de la generación de energía y el resto de las actividades del mercado.
• La Comisión Federal de Electricidad queda establecida como único abastecedor de electricidad y responsable de transición eléctrica, ya que la generación de electricidad deberá ser en 54% de la CFE y el 46% restante de las compañías privadas.
• Desaparecen los organismos autónomos, ya que busca eliminar el artículo constitucional que avala su creación y dar a la Secretaría de Energía la facultad de regular a los mercados de electricidad, petrolíferos y los contratos petroleros.
• El litio será potestad del estado, ya que el Ejecutivo federal busca elevarlo a nivel de área estratégica del Estado, para ejercer de manera exclusiva la explotación de este recurso y no entregar nuevas concesiones, aunque mantendrá aquellas ya dadas previamente como la de la mina Bacanora, una de las reservas de litio más grandes a nivel mundial.
• Se eliminan los certificados de energías limpias, un instrumento diseñado durante el sexenio pasado para incentivar la construcción de nueva infraestructura de generación mediante fuentes renovables. Los generadores privados de energía reciben estos certificados de parte de la Comisión Reguladora de Energía, que a su vez deben ser adquiridos por los productores de energía mediante fuentes convencionales.
Diversas voces señalan que la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador traería efectos adversos para la economía mexicana. En primera instancia se debe considerar que no hay acuerdo comercial firmado por México en el que el país se reserve la generación y comercialización de electricidad, lo cual aplicaría tanto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), además del tratado firmado con la Unión Europea y acuerdos bilaterales de inversión, Asimismo, brindar exclusividad a la Comisión Federal de Electricidad para la explotación y exploración de litio conllevará consecuencias adversas para la economía nacional, ya que su disponibilidad se puede ver comprometida y esto puede frenar las cadenas de producción de algunos bienes y servicios.
La desaparición de los certificados de energías limpias dejará a nuestro país fuera del acuerdo de París, lo cual será un retroceso para la generación de energías limpias y nos llevará 40 años atrás. De la misma manera, las finanzas públicas se verán comprometidas, ya que el caso de que el costo de producción sea más alto que los cobros por el servicio, se aplicara un subsidio que saldrá de bolsillo del contribuyente mexicano, justo como hace 40 años.
En el mismo sentido, esta reforma tal como está tendría un impacto negativo, pues desincentivaría la inversión en el país por parte de empresas mexicanas y extranjeras, sean o no del sector eléctrico. La otra vía por la que nos afectaría la aprobación de la reforma eléctrica es por la incertidumbre, por la volatilidad en los mercados financieros. En realidad no es un impacto que sea solamente a un año, sino hacia los siguientes años e inclusive sobre la confianza para invertir en México.
Es tiempo de definiciones; que los actores políticos se den cuenta de su responsabilidad. Pueden dejarse chantajear, asustar o esperar prebendas a cambio de sus favores legislativos y llevar al pasado a 130 millones de mexicanos, o asumir su responsabilidad con la población, sobre todo la más joven, y ofrecerle la oportunidad de vivir en un mundo más amigable con el medio ambiente en el 2050, en el cual quienes proponen los cambios actuales en materia energética no estarán aquí para ser testigos de sus terquedades.
