Los desaparecidos

Agenda Ciudadana

Jorge Alberto Calles Santillana

Más allá de los debates que ha suscitado la aprehensión de Jesús Murillo Karam acerca de la veracidad o falsedad de la “verdad histórica” y de que el presidente se ha valido de ella para mostrarse, una vez más, como el juzgador supremo al exonerar desde su tribuna tanto al expresidente Peña Nieto como al secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el resurgimiento de la tragedia de Ayotzinapa en la agenda pública ofrece la oportunidad de retomar un tema que es crítico en la vida nacional pero que sólo atrae la atención mediática y ciudadana esporádicamente: las desapariciones forzadas.

A finales de julio el número de personas desaparecidas en México ascendía a 103 mil 59, según el conteo oficial registrado a partir de 1964. 97 por ciento de esas desa­pariciones (99 mil 967) han ocurrido des­de el 1 de diciembre de 2006, día en el que Felipe Calderón asumió la presidencia y declaró la guerra contra el crimen organi­zado. A la fecha, dieciocho personas han desaparecido diariamente. De ellas, 31 mil 533 desaparecieron en este gobierno, un promedio de 23 personas al día. En Pue­bla, según el colectivo Voz de los Desapa­recidos, han desaparecido 2 mil 500 per­sonas desde el año 2000. Sin embargo, el fenómeno se ha agudizado últimamen­te, pues en los primeros seis meses de este año se registraron 413 desapariciones, un promedio de poco más de dos por día y un diez por ciento más que el mismo período del año pasado, cuando oficialmente des­aparecieron 375 personas. Estos datos son espeluznantes.

La magnitud de esta desgracia es tal, que abuelas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos han creado incon­tables asociaciones durante estos años, a lo largo de todo el territorio nacional. Al­gunos de esos grupos exigieron reciente­mente en la Fiscalía General de la Repúbli­ca la creación del Banco Nacional de Da­tos Forenses, contemplada por la Ley Ge­neral de Desaparición de Personas publi­cada en 2017. Cerca de 52 mil cuerpos han pasado por los servicios médicos fo­renses del país sin que hayan sido identi­ficados. El Banco fue pensado para agili­zar el esclarecimiento de esas identidades. En una ocasión, el presidente minimizó el hecho de que en su sexenio el número de víctimas de desaparición forzada sea ma­yor a las registradas en períodos anterio­res afirmando las cifras son altas porque, a diferencia del pasado, ahora hay interés en contarlas. La aseveración es incorrec­ta. Además de que no se ha creado el ban­co forense, la Fiscalía tampoco ha crea­do el Registro Nacional de Personas Falle­cidas No Identificadas y No Reclamadas, ni el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas. El desinterés oficial por atender y resolver el fenómeno es más que evidente.

Desde una perspectiva global, el pro­blema de las desapariciones se torna más dramático. Aun cuando es difícil hallar datos actualizados sobre las desaparicio­nes forzadas en el mundo, en 2017, según la ONU, México era uno de los diez países con mayores registros de desapariciones. Los datos indican que en cinco años la si­tuación se ha agravado. En la lista apare­cen países como Iraq, Sri Lanka, Argenti­na, Argelia, Guatemala, Colombia, Chi­le entre otros. En ellos, las desapariciones han ocurrido en medio de guerras civi­les, dictaduras y fortalecimiento de cuer­pos paramilitares. De estos países, México es el único en que el fenómeno es produc­to del enfrentamiento al crimen organiza­do mediante el uso del ejército. Otro dato. Estudios recientes indican que durante el gobierno de Franco, en España, se regis­traron 114 mil desapariciones, de las cua­les el setenta por ciento ocurrió durante la guerra civil. En los restantes 30 años de la dictadura desaparecieron alrededor de 35 mil personas. México, en sólo quince años y medio ha rebasado por mucho esta cifra. La tendencia actual indica que a mediados del año próximo México habrá alcanzado el número total de las desapariciones re­gistradas bajo el régimen franquista. Es in­negable: la presencia de fuerzas militares en el acontecer social es el factor que ex­plica el fenómeno. Esto es muy importante en estos momentos, pues el presidente ha decidido militarizar la Guardia Nacional, además de que ha propiciado una activa participación del ejército en la vida social del país. Parece, pues, que las desaparicio­nes en México no disminuirán; la militari­zación augura su crecimiento.

México va a contracorriente de la ten­dencia a desmilitarizar las fuerzas de se­guridad impulsada por los gobiernos de iz­quierda de Chile y Colombia, encabezados por Gabriel Boric y Gustavo Petro. El presi­dente colombiano fue muy claro al decla­rar que la desmilitarización tiene por fun­damento la inexistencia de enemigo inter­no. Una mayor presencia militar en Méxi­co implica la inserción del discurso de gue­rra en la sociedad. En la medida en que los problemas sociales se acrecienten, en esa misma medida las fuerzas militares em­pezarán a identificar enemigos. La paz es­tá en peligro. El fenómeno de las desapa­riciones se volverá más agudo, más gra­ve. El presidente se regocija en criticar fre­cuentemente a Felipe Calderón. Lamenta­blemente, está siguiendo sus pasos y lo ha­brá de superar.