Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava / parmenasradio.org
El origen de nuestros problemas políticos
reside en el hecho de que la democracia
necesita unos actores que ella
misma es incapaz de producir
Daniel Innerarity
En las noticias tributarias de este abril de 2022, no sobresale que es el mes que corresponde a la presentación de las declaraciones de las personas físicas del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal de 2021, o bien, que no hay citas electrónicas disponibles o que el nuevo sistema de las declaraciones cuenta con muchas anomalías e inconsistencias y hace imposible presentar las declaraciones, o que en las oficinas de las autoridades fiscales nadie sabe cómo resolver esos problemas, sino que sobre todos esos problemas propiamente creados por el propio sistema y los proveedores extranjeros de la tecnología informática se tiene una noticia aún más preocupante.
Después de tres años del gobierno actual, resulta que desde la titularidad del SAT se ha declarado a los cuatro vientos que hay evidencia de fuga de información fiscal de sus sistemas, por ende, la información de los contribuyentes está en manos de desconocidos y que, en ese anonimato, se pueden cometer cualquier tipo de delitos y fraudes que el sistema no se dio cuenta a tiempo, sino tres años después.
Esto, en parte, lo que corrobora es el error judicial por parte de la Corte, que nunca quiso declarar como inconstitucional el envío de la contabilidad electrónica por los contribuyentes. Obligación que provocó el mayor número de amparos presentados en materia fiscal en la historia de México.
Esto es: la obligación de enviar la contabilidad por medio electrónico cada mes a la autoridad fiscal fue por lo que miles de contribuyentes acudieron a promover el juicio de amparo por la inseguridad jurídica que esto representaba, pues sostuvieron que tener esa información tan privada de los particulares en manos anónimas de la autoridad fiscal era un riesgo muy alto de robo de información, de datos personales, de violación grave a los derechos de intimidad, de privacidad.
Eso se dijo en los amparos promovidos en 2014 y 2015 en este país, y la Corte sólo justificó la constitucionalidad de la obligación legal, sosteniendo argumentos sin sustento alguno, pero que como es la última voz del sistema jurídico mexicano hasta allí quedó el debate y los más complacidos fueron los que roban esos datos y, desde luego, las empresas que están dando el soporte tecnológico a la autoridad fiscal, que han de recibir carretadas de dinero por esos servicios y que, por cierto, son extranjeros.
Y es que entonces, los afectados sobre este problema tan grave son los contribuyentes de a pie, ya esta en las noticias un caso de un exfutbolista y ahora asistente técnico de un equipo de Primera División, a quien le robaron su identidad y fue detenido, preso y después liberado. Lo cual es uno más de los casos que se han estado presentando por este grave problema del robo de identidad, que no hay un delito especifico para ello tipificado y que pueda ser denunciado por el principal afectado que es aquel a quien le robaron la identidad.
Solamente existe la figura del delito de suplantación de la identidad, previsto en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 110, fracciones VI, VII y VIII, que establecen ese ilícito, pero en el que solamente quien puede iniciar el proceso penal en contra de los criminales que hacen uso de esos datos es la propia autoridad fiscal, cuando ésta no es la principal afectada, la principal víctima es el contribuyente o ciudadano afectado, ¡porque se robaron su identidad!, lo dieron de alta en el RFC del SAT, expiden facturas a su nombre, abren cuentas bancarias a su nombre, solicitan créditos bancarios a su nombre, abren sociedades como supuesto socio o representante de esta y resulta que la persona ni enterada está, y aquél que lo ha detectado y suplantado de su identidad no puede querellarse, y aquél otro que intenta estar pendiente de su situación fiscal en el sistema del SAT, resulta que no hay citas. Es decir, sobre este problema: nadie hace nada.
Por parte de los legisladores, resulta que es necesario que regulen un procedimiento que permita validar el nombre de cualquier persona, tanto en los bancos como en los sistemas del SAT, IMSS, Infonavit y demás dependencias públicas, pero desde luego que de esta situación tan penosa y lamentable ni se han enterado, ya que están más entretenidos y perdiendo el tiempo en aprobar o reprobar las iniciativas presidenciales, cada día más imprudentes e inaplicables, que en preocuparse con lo que esta sufriendo el ciudadano de a pie, que es el afectado en estas situaciones.
Desde luego que en el caso del exfutbolista, afortunadamente los recursos económicos con que cuenta hicieron que se pudiera asesorar correctamente y en una semana resolvió su problema, pero ¿cuántas personas estarán en las mismas condiciones y que no saben ni por qué están encarcelados; más aún, ¿cuál es la defensa y sobre todo el castigo?
De verdad, que estamos atravesado por una serie de problemas, como es el robo de identidad, en los cuales: nadie hace nada.
