Silvino Vergara
¿De qué me sirve que los tribunales amparen mi derecho a ser dueño de una casa, sino defienden mi vida? ¿Qué gano con poder abrir un negocio, si la policía va a detenerme cuando se le ocurra? ¿De qué vale que haya trabajo, si en las comisarías se tortura?
Ricardo Rabinovich B. Abogado argentino
Cuando son presentadas las iniciativas de reformas fiscales cada año –desde hace aproximadamente 20– los contribuyentes, profesores, investigadores, analistas, asesores fiscales sólo están a la expectativa de saber en qué consistirán las disminuciones de los derechos de los gobernados, cuáles serán las restantes obligaciones, qué hace falta por disminuir en el caso de las prestaciones del Estado.
Todo esto es por lo que se está a la expectativa siempre que hay una reforma fiscal. En los últimos tiempos, no se ve que el legislador dé una pizca de derecho al gobernado. Por el contrario, cada día están apretándolo más, tanto que los contribuyentes no tardan en evaporarse con tanta restricción, obligación, infracción, multa y castigo.
Todo da a entender que la propuesta anual es dejar al particular –en su carácter de contribuyente– totalmente manco para que no haga nada, dejarlo sin derechos y no pueda gozar de ellos, para que no pueda desarrollar sus capacidades. Se van perdiendo las oportunidades de que las instituciones del Estado respeten sus derechos. Para prueba de esto, sólo es verificar la iniciativa de reforma de este año para que entre en vigor en 2021.
En lo que hace a las facultades de las autoridades fiscales, en los procedimientos de fiscalización, el funcionario que acude al domicilio fiscal del particular podrá tomar filmaciones o fotografías de sus bienes y de sus instalaciones, con la salvedad –gracias a la gran “sabiduría” legislativa–, de que el contribuyente debe “autorizarlo”.
Entonces sí será posible esa acción y la “restricción” para hacerlo, más que una restricción, parece una burla para los contribuyentes. Porque lo que está sucediendo es que se le está dando amplias facultades a los funcionarios de las autoridades fiscales –sobre todo discrecionales–, que cuando son otorgadas, sólo amplían la corrupción. Es decir, con esta medida se promueve la corrupción contra la que –supuestamente– está luchando la administración pública federal.
Es bien sabido que en nuestra cultura, cuando un ciudadano de a pie ve a las autoridades de frente no puede más que agacharse. Así ha sido a lo largo de la historia prehispánica, colonial y más en estos tiempos.
Que haya o no que autorizar las filmaciones o fotografías en tal diligencia es un mero protocolo que no le impedirá a la autoridad hacerlo.
De modo que esta medida abonará a la pérdida de derechos de libertad, de intimidad, de privacidad, de autonomía de las personas. Razón por la cual, no debe ser posible esa serie de diligencias.
Desde hace seis años, –precisamente, en los tiempos del llamado neoliberalismo, a decir en palacio nacional– se ha implementado esta mecánica de la autoridad fiscal de tomar fotografías del interior del domicilio de los particulares.
El Poder Judicial –sin mayor esfuerzo y por el simple hecho de cumplir con su papel de garante de los derechos de los gobernados–ha declarado, permanentemente, su inconstitucionalidad.
Por ello, ahora se pretende llevar a cabo esa modificación legislativa. Más que con el fin de recaudar, se hace como un golpe bajo en la mentalidad del contribuyente para que vaya perdiendo credibilidad y, sobre todo, se sienta afectado.
No obstante, aún estamos en el momento preciso para que el Senado pueda tomar una decisión más fuerte que evite esa reforma fiscal y arroje por la ventana la propuesta de modificar el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.
Dicho esto, más que una posibilidad de tomar fotografías o filmaciones, en realidad, pareciera que se pretende perder el orden de las cosas, la razón de las instituciones del Estado de Derecho y la credibilidad de la organización como nación.
Es necesario que se deje de legislar de la forma que ha sucedido en los últimos 20 años, en donde el esfuerzo legislativo que se hace siempre es disminuir los derechos de los contribuyentes.
