Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ www.etellekt.com [email protected] @etellekt_
La estrategia del silencio es el nombre de un documental español, dirigido por Vicent Peris, que narra la cadena de eventos que derivaron en el peor accidente de metro, no sólo en la historia de España, sino del continente europeo. La historia expone el papel que desempeñó el gobierno valenciano para ocultar la verdad de los hechos y evadir su responsabilidad política y penal en la tragedia.
El lunes 3 de julio de 2006, un tren de la línea 1 de Metrovalencia, operada por la empresa pública de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV), se descarriló y volcó en una curva subterránea próxima a la estación “Jesús”, arrojando un saldo de 43 muertos y 47 heridos.
De inmediato, la versión oficial apuntó al exceso de velocidad como la causa del incidente (el tren viajaba a 80 kilómetros por hora, el doble de lo permitido en ese tramo), por lo que responsabilizaron al conductor (fallecido en el percance).
Bajo este supuesto, dos años más tarde las cortes valencianas, bajo la mayoría parlamentaria del conservador Partido Popular (PP), dieron carpetazo a la investigación al aprobar un dictamen que exoneraba políticamente a los funcionarios de FGV (acusados por los deudos), sosteniendo que el accidente no era previsible ni evitable sino producto de la “mala suerte”. El carpetazo judicial no se haría esperar cuando el juez encargado del caso esgrimió los mismos argumentos. Los medios pusieron en duda esas conclusiones, al realizar hallazgos espeluznantes que daban cuenta de omisiones de mantenimiento y supervisión de parte de FGV.
Descubrieron, por ejemplo, que las balizas de frenado automático no brindaban cobertura a toda la vía, en caso de que el tren superara la velocidad máxima en puntos críticos, sólo existía una señalética visual de reducción de velocidad, insuficiente para prevenir al maquinista.
Encontraron también que las ventanas de los carros habían sido remplazadas por otras de material antivandalismo, sin sujetarlas correctamente a los marcos, lo que provocó que salieran disparados los pasajeros a través de las aberturas; por otro lado, hallaron que la unidad siniestrada se había descarrilado con anterioridad, en tres ocasiones, y que el operario de la misma padecía epilepsia.
Tanto FGV como el Consejo de la Generalidad Valenciana (órgano ejecutivo de gobierno), presidido por el PP, negaron las acusaciones, buscando a toda costa invisibilizar el desastre.
La empresa intentó silenciar a las víctimas ofreciéndoles empleos a cambio de que desistieran de las denuncias penales, además de contratar al despacho en comunicación HM & Sanchis, para entrenar al personal de FGV sobre lo que debían responder al comparecer frente a las Cortes Valencianas, instruyéndoles a defender la hipótesis gubernamental sobre el descarrilamiento del vehículo.
Mientras que el gobierno se centró en el reparto de indemnizaciones bajo el argumento de atender primero las consecuencias del problema, ordenando adicionalmente a la televisión pública anular la cobertura del accidente, así como redirigir toda la atención a la esperada visita del papa Benedicto XVI, que al enterarse de la situación haría su primera escala en la estación del metro “Jesús”, para orar por las víctimas. Más tarde, en el cuarto aniversario de la tragedia, HM & Sanchis recomendaría a FGV “ignorar el recuerdo de la fecha en la que se produjo el accidente”.
Apoyados en las recientes evidencias, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (Avm-3J) y los partidos opositores, continuaron luchando por la reapertura de las investigaciones por la vía política y judicial.
El juicio político contra los funcionarios de FGV prosperaría tras la victoria de la oposición en las elecciones de 2015, desplazando al PP del gobierno, cumpliendo así la promesa a los deudos de integrar una nueva comisión de investigación en las Cortes Valencianas.
Sin embargo, tuvieron que transcurrir 14 largos años para que procesaran a ocho ejecutivos de FGV (después de que la Audiencia valenciana ordenada reabrir el caso en 2014, antes las evidencias inéditas aportadas por la Fiscalía), de los cuales cuatro se declararon culpables de los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y omisiones.
Los sentenciados no pisaron la cárcel, sólo fueron inhabilitados por tres años en puestos directivos en el sector ferroviario (los familiares pedían una pena mínima de cuatro años de prisión, al afirmar que no pretendían una venganza), pero la Avm-3J lo consideró un triunfo, gracias al apoyo de los partidos de oposición y de los periodistas valencianos (que hicieron un mea culpa tras haberse prestado inicialmente a la censura oficial), revirtiendo el silencio impuesto por la autoridad, que como relataría uno de los familiares de las personas fallecidas, parte de un viejo refrán español de que “cuando algo no se dice, no existe”.
Una estrategia del silencio que forma parte del manual de manejo de crisis de la derecha española, que en México adoptó al pie de la letra Claudia Sheinbaum Pardo, al negarse a publicar la tercera parte del dictamen de la empresa noruega DNV, que contrató para conocer la causa-raíz del colapso de una sección del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, en la estación Olivos, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas. Aunque según confesó –ingenuamente– su secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el peritaje elaborado por DNV detectó que el origen del desplome no sólo se ligaba a deficiencias estructurales en la construcción, sino a la falta de mantenimiento en la gestión de Sheinbaum.
La declaración de Lajous pretendía eximir a Sheinbaum y culpar a Ebrard, con tal de no perder la nominación de Morena a la Presidencia, no por querer transformar a México, sino porque el clan de la jefa de Gobierno teme pisar la cárcel si no gana las elecciones federales en 2024, pues la capital ya la ven perdida.
Lo que no sabe Sheinbaum es que lo dicho por Lajous no sólo la enlodó a ella y al canciller, sino a la cuarta transformación (4T), lo que pone en riesgo la continuidad del proyecto de AMLO (limitado a conservar el poder como herramienta de impunidad); palabras que pueden ser usadas en futuros juicios, si la oposición le arrebata el poder a Morena, en los que Sheinbaum pasaría de juez a acusada, sin gozar de la misma piedad que hubo para los imputados en Valencia.
Así como al PP no le funcionó tapar la crisis del metro de Valencia con la visita del papa, será difícil que con un concierto gratuito del norteño Grupo Firme en el Zócalo, Sheinbaum Pardo sea capaz de desviar la atención de la peor catástrofe que haya enfrentado en su malograda gestión, una misión en la que se le observa cada vez más sola, apartada de la guía y el consejo de su tutor.
