Por: Silvino Vergara Nava / correo: [email protected] web: parmenasradio.org
Notas para una defensa de emergencia
Es “pleonexia” la avaricia e insaciabilidad; la búsqueda de siempre tener más, como cosas materiales, e incluso poder.
Este último concepto, que los griegos clásicos ya habían descubierto, es fundamental reconocerlo como algo inherente a los seres humanos. Por ello es que, para controlarlo, limitarlo y contenerlo, a lo largo de la historia se ha ido conformando el Estado de derecho, la democracia, la división de poderes, el principio de legalidad, que son las herramientas para que quien ostenta el poder político de una nación pueda estar limitado a esa insaciabilidad de obtener más poder o bienes, que provocan ante su población nepotismo, corrupción, violencia y muerte.
Sin embargo, cuando el Estado de derecho no está funcionando; cuando la democracia cae en mera “oclocracia”; cuando el principio de legalidad se traduce en discrecionalidad, entonces se está depurando el camino para que la pleonexia esté en su máximo esplendor con cada uno de los dirigentes de una nación.
Y ese concepto de pleonexia viene a colación por lo que ya venía sucediendo con una institución tan importante para el país como es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un organismo que se creó en 2004 a raíz de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York, que por recomendaciones internacionales, o, mejor dicho, por imposición extranjera, México tuvo que implementar ese organismo para vigilar y perseguir los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
Por ello, posteriormente, en septiembre de 2013, entró en vigor la denominada ley antilavado, que complementó esas políticas públicas para evitar estos delitos financieros.
Por ende, ese organismo realiza procedimientos de investigación sumamente técnicos y muy confidenciales.
No puede estar en los medios de comunicación como noticia del día a día lo que está realizando, a quién está investigando, cómo está haciendo las investigaciones, etcétera; debe de cuidar ciertos protocolos por la información que se obtiene, que se maneja y los casos que se investigan, pues no es cualquier cosa lo que conoce ese organismo respecto a la delincuencia organizada, financiamiento de ella, movimientos económicos multimillonarios, etcétera.
Incluso la propia ley antilavado establece, en su artículo 12, por seguridad de los servidores públicos que forman parte de la UIF, que pueden resguardar su identidad para que no sean afectados por las personas a las que están persiguiendo, investigando o abriendo casos. Tal es el caso de que los oficios y resoluciones que emiten no cuentan con el nombre de la persona que lo emite; solamente aparece el cargo, pero no el nombre del funcionario, precisamente para resguardar la seguridad de estos funcionarios y no ponerlos en peligro latente.
Por ello es que los cargos, empleos, labores son sumamente técnicos y, desde luego, confidenciales en esa entidad de la SHCP. No cabe que caiga en manos de políticos por lo que representa ese cargo, ya que sus labores y acciones tienen alcances internacionales; comparte información confidencial con otros organismos de otros países, que desde luego no puede estarse divulgando.
En días pasados, lo que sucedió –y estuvo al alcance del conocimiento de todos– fue la noticia que correspondió a la renuncia del titular de la UIF, por todos los escándalos mediáticos que se presentaron con él y sus invitados a la boda, lo cual ni vale la pena repetir, pero esto no es otra cosa más que una “crónica de una muerte anunciada”.
Esto se veía venir por el uso que se hizo de este organismo, por el extitular de ese organismo, ya comentado en cuanto a lo delicado de su función y en la información y en sus acciones por llevar a cabo, pues aquel personaje era sumamente mediático, y en esta administración publica federal se le dieron demasiados estrados y espacios publicitarios, al grado de que se llegaba a pronunciamientos simplemente mediáticos.
Se rompió con la naturaleza técnica y confidencial de ese organismo, lo cual, desde luego, no concilia con el espíritu de esa dependencia, ni con las políticas y principios de la administración publica federal actual; sin embargo, es más que esto.
Es el claro ejemplo de un caso de pleonexia, donde resulta insaciable el poder con que se ostentan los cargos públicos; por ello es que resulta tan importante la vigencia del Estado de derecho, que limita las funciones de los servidores públicos.
El problema que se tiene comúnmente es que en muchas ocasiones está incorrectamente utilizado.
Es más, en esos cargos públicos, con la información con que se cuenta y los datos que se conocen, no es simplemente aceptar una renuncia, sino que hay muchos compromisos jurídicos que se deben de cumplir por confidencialidad y por seguridad incluso de la nación, pero que en la actualidad pareciera que se les está dando poco valor a esas instituciones, que por ello las consecuencias son funestas.
