Iván Mercado
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Este fin de semana, el Ejecutivo federal afirmó que los mexicanos estamos ya saliendo del túnel de la pandemia y se ve la “luz”, señal de que hemos comenzado a dejar atrás la crisis sanitaria. Lo anterior fue acompañado por varias declaraciones que ponen sobre la mesa de debate: la conveniencia de sumarse a un discurso colmado de sustancia política y pocos, muy pocos elementos científicos.
Aquí en Puebla, el presidente afirmó que hay una partida presupuestal inicial de 20 mil millones de pesos para adquirir un número –aún no determinado de dosis de la vacuna contra el COVID-19– y añadió que si hace falta aumentar el presupuesto para garantizar la inoculación entre la población, esta se ajustará hasta donde sea necesario.
Incluso el jefe del Ejecutivo añadió, que a pesar de las muertes que la pandemia ha provocado entre miles de familias mexicanas, se encuentra optimista porque México está inscrito en varios procesos de investigación extranjera, a fin de garantizar que una vez obtenido el tratamiento, nuestro país sea de los primeros en obtener el ansiado antídoto, el cual –afirmó– será gratuito.
Lo anterior se destaca en un escenario complejo e inquietante ante la creciente cifra oficial de 74 mil muertes y 700 mil contagios acumulados a lo largo y ancho de nuestro país, al inicio de esta semana.
La presión política sobre la ciencia acelera no sólo las investigaciones en numerosas farmacéuticas del mundo.
Los “anuncios triunfalistas” y las insistentes declaraciones por anunciar un primer tratamiento exitoso en el mundo, han motivado que prácticamente se pongan a la venta los primeros tratamientos no validados por la Organización Mundial de la Salud en farmacias públicas de Rusia.
Más allá del antiviral registrado como Avifavir, Rusia continúa empujando la aprobación y distribución mundial de su vacuna Sputnik V. El gobierno de Vladimir Putin ya entregó de manera formal a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) toda la información concerniente a las fases y pruebas clínicas de su producto.
El embajador ruso en México Víctor Coronelli reveló en entrevista el viernes pasado, que la primera y la segunda fase de sus ensayos clínicos culminaron con éxito y que la tercera etapa avanza satisfactoriamente entre los más de 40 mil voluntarios involucrados. En reiteradas ocasiones, las autoridades rusas han planteado la posibilidad de que México se sume a la fase tres y con ello autorizar la llegada a territorio nacional de 32 millones de vacunas rusas, sin embargo, esta no es solamente una decisión política.
La Cofepris y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrán un papel determinante en la evaluación de cuál será la sustancia más apropiada y conveniente para la población mexicana.
A través de un comité científico se definirán las características técnicas de las dosis que hasta ahora son proyectos científicos en diferentes laboratorios del mundo.
En recientes encuentros entre autoridades mexicanas y rusas, se ha destacado el papel preponderante que guardará en todo momento el Conacyt, a fin de determinar la seguridad, eficacia y calidad de cualquier tratamiento contra el COVID-19 y, una vez alcanzada la aprobación, los rusos puedan garantizar el registro de su cura en nuestro país.
Hoy como nunca, la prisa de una agenda política internacional por ser los primeros en desarrollar y entregar al mundo el biológico que saque a la humanidad de su peor crisis sanitaria en el último siglo, no puede ni debe tener cabida en una decisión eminentemente científica, en esta va la salud de 125 millones de mexicanos y la recuperación económica exitosa de toda una nación.
No obstante los avances y acuerdos para accesar a una vacuna efectiva y gratuita, el escenario de salud en México se complica ante la llegada de la influenza, en los primeros días de octubre.
Las autoridades sanitarias tienen claro que una segunda ola es inminente y sin una estrategia mucho más efectiva que la implementada hasta ahora, esta etapa puede resultar brutalmente fatal para una población sin la protección necesaria o suficiente en esa temporada específica.
Es incuestionable, la llegada de la influenza se convertirá en un catalizador de la pandemia y en un potencial multiplicador de los casos de contagio y decesos por casos de SARS-CoV-2.
El pronóstico promete ser muy poco alentador para una economía que tan solo en materia turística ha registrado en los últimos seis meses, pérdidas superiores a los 2 mil 550 millones de dólares, sobre todo en aquellos estados donde esta dinámica representa 95% de sus ingresos.
Aunado a lo anterior, está presente la presión económica nacional, la escandalosa pérdida de empleos, la gigantesca ola de adeudos y el cada vez más robusto buró de crédito, que suma diariamente a miles y miles de mexicanas y mexicanos que no pueden cumplir con la hipoteca de su casa o el pago de la mensualidad de un auto.
Otro frente silenciosamente peligroso lo constituye un ciclo escolar parchado con buenas intenciones, pero que opera con cuestionadas estrategias para sacar adelante a la población estudiantil.
Las autoridades federales saben perfectamente del enorme riesgo que representa para la población una potencial sindemia (coexistencia durante un periodo y en un lugar de dos o más epidemias que comparten factores sociales). Deben dejar de lado la irresponsabilidad y el optimismo político, para tomar decisiones poco populares como son nuevas y más eficaces medidas de restricción en la movilidad.
Hoy a diferencia de los pasados meses, México y sus autoridades estarán sujetos a una histórica disyuntiva: o le apuestan a la salud y el verdadero cuidado de sus habitantes o se van por la simulación populista de tener “todo bajo control” , pero con números catastróficos en la realidad.
En esta segunda ola, no hay tiempo ni espacio para la improvisación.
