Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava correo: consultas@ccapuebla.com web: parmenasradio.org
(Respecto a las exiguas propuestas empresariales)
En el CCE estamos convencidos de que una tarea pendiente
es realizar una reforma fiscal.
Consideramos que deben analizarse a profundidad diversas reglas y fichas
de trámite que actualmente existen para la realización de trámites recurrentes.
Consideraciones para una Reforma Fiscal
Promotora de Crecimiento
Como es inminente la presentación del paquete fiscal para 2023 por parte del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados y que se debe de presentar a más tardar el 8 de septiembre de 2022, se ha formulado desde el mes de julio de este año por parte del Consejo Coordinador Empresarial una serie de propuestas para considerarlas en dicho paquete fiscal por la administración pública federal.
En particular, son 18 puntos los que conforman esa propuesta; a algunos de ellos se les denomina temporales por parte de este organismo que aglutina a todas las cámaras y corporaciones empresariales de la nación. Lo que sobresale de esta serie de propuestas es que coinciden, como cualquier ciudadano de a pie, en que hace falta una reforma fiscal; es más, se han quedado cortos, pues no hay transformación de la nación si no hay reforma fiscal. Y esta es una de las tareas pendientes de este gobierno federal que, a dos años de finalizar, no se ha presentado esa necesaria reforma fiscal.
Evidentemente que no hubo transformación alguna en el sector fiscal, el cual es vital para el crecimiento económico del país. Por ello, las cifras tan tristes que hay de la economía, y la más contundente consiste en que el ingreso mayor del país son las remesas; es decir, el dinero que envían los mexicanos del extranjero a sus familiares en nuestra nación. Con eso es suficiente para que se demuestre que en esta área fiscal esta administración pública ha sido un fracaso, por dar continuidad a todas las reformas fiscales “neoliberales”, como se denominan desde el propio Palacio Nacional.
Además que no se puede implementar como política recaudatoria intimidar al contribuyente común, como esta sucediendo, lo cual es totalmente contrario a esa propuesta de “abrazos y no balazos”.
Y así como se quedó corta la mención de la necesidad de la reforma fiscal por parte del Consejo Coordinador Empresarial, también se encuentran de esa forma los 18 puntos que lo conforman. Pareciera que es más un compromiso político que en realidad transformar el sistema tributario de nuestra nación, pues sugerencias como quitar la contabilidad electrónica es verdaderamente absurdo. Es evidente que, sobre el particular a nadie, sobre ese punto, se le ha impuesto sanción al respecto; es más, las autoridades fiscales han dejado a un lado esa regulación, por ende, estando esa obligación sin aplicación por la autoridad o derogándola, con eso no se van a recuperar el millón de empresas que cerraron en México durante la pandemia, menos aún se van a poder recuperar los 518 mil empleos que se perdieron en mayo de 2022, ni tampoco es un punto a favor de que se controle la inflación.
Desde luego que esta propuesta del Consejo Coordinador Empresarial se observa más como una medida política que en realidad una propuesta jurídica para transformar la vida fiscal de este país, ya que no se hace mención alguna en las páginas de esa propuesta de la corrupción que impera en las propias oficinas de las autoridades fiscales, y esto dicho y confirmado por la propia titular del SAT, como en el caso de las citas para acudir a las oficinas de ese organismo, el robo de información por los propios servidores públicos, la suplantación de la identidad de los contribuyentes, etcétera.
Pero todo esto se presta porque las leyes fiscales permiten que hasta el servidor público del cargo más ínfimo pueda disponer discrecionalmente del destino de cualquier contribuyente. En realidad, lo primero que se debe de proponer, si es que efectivamente se pretende hacerlo en serio, es que se debe atacar la corrupción que impera en el propio sistema tributario.
Pero esto no es solamente poniendo, como está sucediendo con las aduanas, al personal del servicio militar, sino que es necesario cortar el problema de raíz, que consiste en modificar las leyes permisivas de la corrupción, pues a falta de decisiones jurídicas de la Corte y los órganos del Poder Judicial, inmersos en tecnicismos que hacen imposible una decisión apropiada a los contribuyentes para la protección de sus derechos, es el momento de derogar esas leyes que están cundidas de permisiones de corrupción. Porque de nada sirve que estén funcionarios o servidores públicos que tengan buenos propósitos en sus funciones, si las propias leyes que deben de aplicar permiten que sus subordinados apliquen la ley como les venga en gana.
Hay cientos de casos así y que no se mencionaron en esa propuesta empresarial, más que solamente sosteniendo que se requiere de mayor seguridad jurídica, pero sin tocar la llaga de la corrupción que impera en todo el sistema tributario.
Desafortunadamente, esa propuesta del organismo más importante de los empresarios perdió una oportunidad brillante para sacar adelante este país, que pareciera que va en un camarote del Titanic, solamente observando en qué momento choca con el glaciar.
