Rubén Salazar / Director de Etellekt
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Así como el López Obrador candidato decía una cosa, el López Obrador presidente casi siempre hace otra, diametralmente opuesta y contradictoria. Para sus críticos, esta conducta patológica lo define como un mitómano, enfermedad habitual entre los políticos que alcanza niveles de pandemia. Sus adeptos opinan lo contrario: el presidente no está mintiendo o faltando a su palabra, simplemente ha comenzado a poner los pies sobre la tierra, a ser un estadista.
Este debate lo ha exacerbado el presidente con su decisión de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lejos ha quedado aquella promesa de regresar a los militares a los cuárteles en seis meses, en tanto conformaba una nueva policía de naturaleza civil que se hiciera cargo de la seguridad pública, según dijo AMLO en la campaña presidencial de 2012. De su idea de poner fin a la guerra al narcotráfico, hoy sólo quedan palabras marchitas.
Al final, lo que deja ver toda esta discusión, es que la política de combate militarista a las drogas, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, ha terminado por imponerse de manera transexenal; sólo ha cambiado de manos. Pero expone algo más deleznable. Que la izquierda y su grey no pretendían disolver ese modelo de seguridad, lo ambicionaban, por tratarse de un instrumento con el que pueden maniatar políticamente a sus adversarios.
Lo que suelen hacer al combatir a determinados grupos de la delincuencia, en estados gobernados por sus opositores, para pulverizar o exhibir sus vínculos con el narco. Del otro lado, al tachar de mentiroso compulsivo al presidente, los opositores del gobierno (ligados a Felipe Calderón), sólo han evidenciado la frustración que les provoca, que una obra que ellos iniciaron se encuentre ahora en manos del enemigo. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja.
Su falaz antimilitarismo no tiene sustento alguno. Muchos de los miembros del colectivo Seguridad sin Guerra, pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que promovieron en el gobierno de Felipe Calderón lo mismo que hoy critican: la militarización de las policías estatales y locales, para hacerle frente a las organizaciones delictivas, al avalar que les dotaran de armas automáticas y de calibre superior, al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008.
Además de capacitarlas en infinidad de cursos de inteligencia, investigación y proximidad que en teoría las hacían capaces de formular políticas de seguridad preventivas desde lo local. A las que, por cierto, no se les vio ni en pintura en los ataques perpetrados hace unos días por el narcotráfico hacia la población civil, en los estados de Jalisco y Guanajuato, y en los municipios de Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Por qué razón las policías estatales de Jalisco y Guanajuato no salieron a enfrentar a los delincuentes que reaccionaron al intento de captura de un par de líderes del Cártel Jalisco, desplegado por elementos del Ejército?
¿Por qué en Ciudad Juárez y Tijuana, las policías estatales o municipales, no metieron ni las manos para evitar que asesinaran a civiles, por supuestos enfrentamientos entre bandas rivales de la delincuencia?
Son preguntas que seguramente se hizo el presidente, lo más probable es que hubiera pensando que la respuesta violenta de los delincuentes es un síntoma de estar pisando callos políticos en esas entidades.
Por otro lado, el nulo acompañamiento de las policías que allí operan, refleja no sólo la putrefacción de esos cuerpos de seguridad, sino la corrupción de sus jefes políticos, teniendo como corolario severos problemas de coordinación con las fuerzas federales.
Esta no es una historia nueva. Lo mismo pensaron en su momento los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que a la hora de preparar magnos operativos de captura de líderes del narcotráfico en Jalisco, sobre todo encabezados por el Ejército, se topaban con bloqueos, automóviles y camiones incendiados, o en casos más extremos, con emboscadas en las que los delincuentes eran capaces de poder derribar helicópteros militares.
¿Con esas policías podridas vamos a ganar la batalla a la delincuencia organizada transnacional? Desde el momento en que estas organizaciones delictivas (cárteles del narcotráfico) extendieron sus tentáculos con intereses externos –grupos delictivos que operan en otras naciones y agencias de seguridad o de gobierno corruptas del exterior– dejaron de ser un asunto de seguridad pública, para convertirse en un desafío a nuestra seguridad nacional.
Por el hecho de que estos grupos de la delincuencia transnacionales tienen una gran capacidad para sobornar a gobiernos y policías locales, y obstaculizar o sabotear así los esfuerzos del gobierno mexicano para neutralizar al crimen, lo que también entorpece la colaboración binacional del Estado Mexicano con los Estados Unidos en la materia. Tan lo sabía el expresidente Felipe Calderón, que en su cabeza rondaba el proyecto de un mando único policial nacional.
Porque al igual que AMLO, el exmandatario panista desconfiaba de esas policías locales, a las que veía como el eslabón más débil de la administración pública, el más proclive a ser infiltrado por la delincuencia, integrándose ambas como el brazo y el antebrazo político de los gobiernos priístas en la región del Golfo de México, así como del perredismo en su natal Michoacán, a los que siempre identificó como un óbice para la gobernabilidad en su sexenio.
De ahí que resulte meramente anecdótica la ámpula que generó en el círculo azul el anuncio del presidente de transferir el mando de la Guardia Nacional, militarizada desde su gestación, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el próximo 16 de septiembre, en los festejos por el aniversario de la Independencia, en un acto cargado de simbolismo, o al menos eso creen sus más fieles seguidores.
¿Alguien en su sano juicio piensa que el próximo gobierno federal, sea de Morena o de Va por México, prescindirá del Ejército para combatir a estas bestias? ¿Qué les hace pensar eso, si la participación militar en el combate al narco data por lo menos de la década de los años 70 del siglo pasado?
Deberían en todo caso sentirse orgullosos de la decisión de AMLO, por lograr lo que ni siquiera Calderón pudo hacer: un mando único nacional de seguridad, en manos de Sedena.
Tal parece que entre los partidarios de la militarización lopezobradorista y quienes defienden la seguridad en manos de las policías, hay más cosas en común de lo que imaginan.
