La buena noticia para la semana que se inicia proviene del gobierno estatal poblano, que decidió rescatar el programa Escuelas de Tiempo Completo, que la autoridad federal decidió extinguir a partir de este mes.
En un mensaje por Twitter, el mandatario Miguel Barbosa Huerta informó este viernes que al disponer de finanzas sanas, su gobierno costeará en la entidad dicho programa y con ello evitar el impacto a unos 93 mil alumnos.
“Finanzas sanas, gobierno honesto en beneficio de los que menos tienen”, escribió.
Un día antes, Barbosa Huerta había expresado que no sería insensible ante la desaparición del modelo educativo que se inició en el país en 2007 y que, por su beneficio social, ha sido reconocido incluso a nivel internacional.
Respuestas similares a la del gobernador poblano se han producido durante las horas recientes. Al menos 11 mandatarios han dicho que sostendrán el programa con sus propios recursos, entre ellos el de Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum.
Coincidieron en que no dejarán a miles de niños beneficiarios sin educación, alimentación y asesoría académica, por lo que asumirán el gasto o revisarán sus finanzas para saber el porcentaje de apoyo que sostendrán.
Se trata, en todos los casos, de una reacción institucional que debe apreciarse en la dimensión de los alcances de una política pública de gran envergadura.
Es también una bofetada con guante blanco a una decisión que la SEP federal asumió entre el asombro y la indignación, al no haber –al menos hasta ahora– una razón sustentada para la anulación del programa.
Aunque lo había insinuado desde el inicio de este año, tras su publicación en el Diario Oficial y su puesta en vigor desde el pasado martes, la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que las Escuelas de Tiempo Completo ya no serían consideradas como parte del programa La Escuela es nuestra.
Dijo que luego de hacer una valoración sobre las necesidades de los planteles, ahora se atenderían otras prioridades relacionadas con su infraestructura. O sea que se destapa un hoyo para tapar otro. ¿Qué no ambos asuntos son de la mayor prioridad y deben atenderse de manera simultánea?
Es pertinente recordar que el esquema de Escuelas de Tiempo Completo inició su operación en el ciclo escolar 2007-2008 (sí, en los tiempos del neoliberalismo) en el nivel de educación básica, esto es, preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, mediante la ampliación de su horario escolar hasta por ocho horas diarias.
La extensión en los horarios permite que los alumnos reciban asesorías académicas personalizadas, además de alimentos calientes, lo que significa un apoyo extraordinario para los padres de familia, que por razones de trabajo no pueden brindarles la atención necesaria.
Desde sus inicios el programa ha demostrado sus bondades, al estar basado en una propuesta pedagógica innovadora y flexible, que incluye seis líneas de trabajo para lograr una formación integral y desarrollar competencias a lo largo de la vida.
En 2020, ya en tiempos de pandemia de COVID-19, había en el país más de 170 planteles con el programa en las 32 entidades federativas, 70 por ciento ubicados en zona de alta y muy alta marginación, con una cobertura global de 3.5 millones de estudiantes, la mayoría de escasos recursos.
Este modelo educativo ha recibido elogios de la UNESCO y de la OCDE, al reconocer sus avances en el aprendizaje y la calidad educativa debido a las jornadas escolares adicionales, que permiten además actividades extracurriculares que ayudan a los menores a no estar solos en casa expuestos a depresión y vicios.
Por ello, la decisión del gobierno de la 4T ha sido motivo de muchas controversias. Por lo pronto, ya mereció duros cuestionamientos de diversas organizaciones, como la que expuso Save the Children, quien pidió a la SEP reconsiderar su decisión para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza y marginación en México.
El organismo, con presencia en más de 100 países, afirmó que eliminar la extensión de la jornada escolar dejaría a muchos alumnos sin la oportunidad de tener un mejor aprovechamiento escolar y del tiempo libre, que ocupan provechosamente en actividades recreativas, físicas y artísticas.
También la Red de Derechos de la Infancia de México mostró su inconformidad por la desaparición injustificada del programa, medida que calificó como “un grave retroceso a los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes, segmento que además ha sido afectado considerablemente por la pandemia”.
A su juicio, la decisión de la SEP federal no sólo impacta en la educación de los beneficiarios, sino que afecta la protección a su salud al eximirles su derecho a una alimentación adecuada, y perjudica a las familias, en especial a las mujeres que se verán obligadas a dejar sus empleos para atender a sus hijos.
El organismo recordó que el programa beneficiaba a escuelas con alto grado de marginación, ubicadas en el ámbito rural o indígenas, y que su anulación deja a por lo menos 65.8 por ciento de la población sin el primer alimento que consumía en el día y sin la posibilidad de atender la desnutrición y malnutrición que afecta a niñas, niños y adolescentes.
Así las cosas, habrá que esperar cómo evoluciona el tema durante los días subsecuentes, si bien la decisión de la SEP ya fue tomada y formalizada por la vía legal, lo cual no deja de sorprender aún a los propios gobiernos de la 4T.
Entretanto son muchas las interrogantes que se plantean sobre las razones de omitir una política pública tan indispensable, como las hay también respecto a la necedad del gobierno federal de no vacunar contra la COVID-19 a los menores de 5 a 11 años.
Así que miles, millones de menores de edad estarían perdiendo la oportunidad de una educación de excelencia, de alimentación y de vacunas. No quiero ni pensarlo, pero ¿será acaso porque los niños no votan?
