Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Una buena y una mala, para cerrar la semana.
En ambos casos, la justicia de por medio.
Y en entredicho.
La buena, es la liberación de Rosario Robles tras una larga estancia de tres años en prisión, bajo cargos que no han podido acreditarse por presunto ejercicio indebido del servicio público.
A la luchadora política de muchas lides finalmente le fue modificada la medida cautelar de prisión preventiva, para que en libertad pueda ahora enfrentar su proceso, relacionado con una supuesta omisión en el desvío de recursos públicos cuando fue funcionaria federal.
Tales maniobras se habrían cometido presuntamente mediante convenios suscritos con algunas universidades públicas en el anterior sexenio, indagaciones en las que por cierto ha estado estrechamente vinculado el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, quien ocupaba en ese tiempo una Subsecretaría.
Reiteradamente se consideró excesiva la reclusión de quien fuera titular de la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y muy endebles las acusaciones que le han imputado por la llamada Estafa Maestra.
Es pertinente recordar que a sabiendas que el delito que le fue configurado no ameritaba prisión preventiva, en agosto de 2019 ella misma se presentó ante la autoridad judicial para sustentar su defensa, pero en el acto fue detenida.
Un juez de control consideró entonces que podía fugarse y hasta abandonar el país para eludir los cargos y ordenó la prisión preventiva justificada, para lo cual se usó la argucia de una licencia de conducir que supuestamente señalaba un domicilio distinto al que ella había reportado.
Robles Berlanga tiene pendiente todavía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no hay evidencias que sustenten las acusaciones.
Para su liberación tuvo que intervenir el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien en julio pasado se pronunció a favor de que la exfuncionaria peñista pudiera continuar su proceso en prisión domiciliaria.
Ofreció también que promovería la excarcelación de las mujeres que en circunstancias similares llevaban más de dos años en el penal de Santa Martha Acatitla y que se mantenían en prisión preventiva, sin que se les hubiera dictado sentencia.
A juicio de analistas y juristas, hay en este caso una cadena de ilegalidades con la intención de convertir a Rosario Robles en un chivo expiatorio, a fin de justificar la lucha contra la corrupción que abandera el actual gobierno de la 4T.
Al quedar en libertad la noche del pasado viernes, Rosario Robles dijo que habían sido tres años de mucho aprendizaje, “en los que he conocido en carne propia la injusticia y la realidad”.
Otro sonado caso ocurrido el fin de semana configura la mala; otro muy posible sesgo en la procuración y administración de la justicia.
Se trata de la inesperada captura de Jesús Murillo Karam, bajo acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, en relación al caso Ayotzinapa.
Dicho caso fue una de las promesas de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció esclarecerlo a plenitud e incluso de ser posible, dar con el paradero de los estudiantes, discurso que se fue agotando al paso del tiempo.
Como Procurador General de la República en el anterior sexenio, Murillo Karam estuvo a cargo de las primeras investigaciones en torno a la desaparición de 43 estudiantes normalistas, suceso que ocurrió en septiembre de 2014.
Cuatro meses después de los hechos que conmovieron a la opinión pública nacional e internacional, Murillo Karam presentó los resultados de las investigaciones practicadas, en lo que llamó “la verdad histórica”, al concluir que los 43 normalistas fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan, en Cocula.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos”, habría sostenido en su conferencia de prensa.
Señaló entonces que el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa (ambos de Morena) patrocinaban para su interés al grupo delictivo Guerreros Unidos y ordenaron a los policías municipales de Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios.
Con las evidencias disponibles en ese momento, negó que el Ejército o alguna otra corporación de seguridad federal tuvieran implicación en esos hechos, lo cual ahora ha sido desmentido por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
La captura de Murillo Karam este viernes ocurrió precisamente un día después de que Encinas presentó un amplio –pero reiterativo– informe, en el que el actual gobierno por primera vez declaró sin vida a los jóvenes y calificó los hechos como un crimen de Estado.
Nada nuevo. Las circunstancias y los motivos de su muerte se desconocen aún.
Al precario avance en las investigaciones, al gobierno de la 4T le hacía falta un hecho contundente para saciar la desesperanza de los familiares de las víctimas y de quienes han exigido dilucidar los hechos y castigar a los culpables.
Murillo Karam era el indicado.
Me temo que, como en el caso de Rosario Robles, no habrá argumentos legales que sustenten los cargos y que finalmente, aun con el paso de los años, Murillo Karam obtendrá su libertad.
Malo y muy riesgoso, que la ley pueda servir como instrumento para objetivos distintos al espíritu de su esencia justiciera.
Se afirma que la justicia es ciega, en cuanto que no debiera distinguir entre personas y aplicarse sin distingos. Pero esa ceguera pudiera también significar extravíos, dejar de ver la realidad y la verdad jurídica.
Una ley a conveniencia, que a nadie conviene.
