Es común que las buenas noticias provengan o sean consecuencia de las malas.
Es el caso de la fatídica explosión de un ducto de gas de Pemex en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, que tuvo como saldo la muerte de un menor, la hospitalización de 14 personas y la destrucción total de al menos 64 viviendas.
A tan lamentable noticia que se propagó al despertar del pasado lunes, se devino la reconfortante versión sobre la concertada y efectiva intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que evitó una tragedia de proporciones incalculables, al desalojar con prontitud a más de 2 mil personas.
Hay que decirlo: en la secuencia de los hechos y en la atención de los daños, la coordinación interinstitucional ha sido ejemplar.
Lo que ahora se espera es que, en efecto, se deslinden responsabilidades y que pronto se concrete la captura de los responsables. De todos y quienes sean.
Y más aún, que esta experiencia sirva de resorte para actuar en el futuro inmediato con medidas de largo alcance. No se trata ahora sólo de tapar el pozo. Al respecto ya se anunció, y habría que darle seguimiento, sobre dos acciones concretas.
Una tiene que ver con la revisión exhaustiva del funcionamiento de todas las empresas y particulares que se dedican al acopio y venta de gas, en la que deberán participar activamente las autoridades municipales de toda la entidad. La consigna sería: basta de complacencias y mano dura para quienes exponen la vida de otros.
La otra, quizá más compleja, tiene que ver con el recuento de asentamientos en zonas prohibidas, que implicaría evitar que la mancha urbana se extienda en lugares de alto riesgo por la existencia de ductos, ya sea de gasolina o de gas natural y, en su caso, hacer los desalojos que procedan.
A esas nada fáciles tareas de gobierno tendría que sumarse una más, que es fundamental y que todos deberíamos alentar: la participación social.
No puede concebirse que en toda la zona aledaña del incidente en Xochimehuacán, como en otros ocurridos con antelación, ningún vecino, nadie en absoluto se hay percatado que había ahí un centro de distribución ilegal de gas. De haberlo alertado a tiempo, nada hubiera ocurrido.
El silencio ciudadano tiene varios rostros. Uno comprensible es el temor a represalias; otro, muy lamentable, la colusión que conlleva de manera implícita una perversa complicidad para obtener un beneficio.
En ambos casos habría que proceder como convenga para facilitar que a la disposición de la autoridad de ir a fondo del problema en sus distintas vertientes, se sume también la conciencia y la solidaridad social.
En otros ámbitos del acontecer reciente también hay buenas y malas noticias.
Otra buena, es que por primera vez en 20 meses desde que recrudeció la pandemia de COVID-19, el pasado martes no se registró en Puebla ningún deceso. Los contagios han disminuido sustancialmente y cada vez son menos los hospitalizados.
La mala: que hay un relajamiento social excesivo, como si los riesgos se hubieran esparcido en definitiva.
Lo peor es que esa actitud irresponsable es alentada en buena medida por las mentiras y pifias de quienes diseñan y conducen en el gobierno federal las políticas contra la letal enfermedad, quienes han llegado al extremo de cantar victoria con antelación.
El fin de semana el presidente ratificó la falsa consigna de “Misión cumplida” que había antes lanzado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell cuando aseguró que se había cumplido la meta de inmunizar con al menos una dosis a finales de octubre a toda la población adulta del país.
“Es una buena noticia anunciar ya se cumplió con el compromiso de al menos una dosis de vacuna anticovid a todos los mexicanos mayores de 18 años”, dijo AMLO el fin de semana.
Nada más falso y mal que las exclamaciones triunfalistas provengan del propio gobierno federal. Nadie entendió la razón del festejo adelantado con bombo y platillo cuando la realidad es que el promedio nacional fue del 83 por ciento, mientras que el objetivo fijado era llegar a la totalidad.
Pero qué puede esperarse de López Gatell, quien ya fue amenazado por algunos legisladores –“vamos por ti, a que rindas cuentas, asesino”– si su propio jefe, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, anda por las mismas.
No sólo lo defendió por “buen orador”, sino que tuvo tremendo desliz en su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados, donde aseguró que los menores de edad no necesitan la vacuna.
“Yo a mis nietos no se las aplicaría”, dijo al fijar con ello la decisión oficial del gobierno respecto a este controvertido tema.
Para colmo, su declaración la hizo el mismo día en el que el gobierno estadounidense anunciaba que serán inmunizados unos 28 millones de menores con edades de cinco a 11 años, al acreditarse que también son población vulnerable de contagios y que no existe riesgo alguno al inmunizarlos, como ya se hace en otros países.
Textualmente, aseguró Alcocer que “los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con la llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna, desde luego en su contexto biológico es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle”
Y a pregunta expresa de los legisladores, enfatizó: “Yo respondo: a mis nietos no los vacuno…”.
Habría que preguntarle si opinan igual los millones de padres de familia con hijos menores de edad.
Así, mientras nuestras máximas autoridades sanitarias se hacen bolas, es conveniente revisar las cifras oficiales al último día de octubre, en las que se demuestra que a pesar de los avances, el objetivo propuesto no ha sido alcanzado todavía.
La estimación de la propia Secretaría de Salud federal es que había 14 millones 876,786 personas de 18 a más años que no habían sido inoculadas contra la COVID-19
Los datos indican que 60 millones 565,545 personas tienen el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que equivalen a 68% de la población objetivo total de 18 a más años, y que aún persisten algunas entidades con rezago considerable de vacunación, como Chiapas y Oaxaca, cuya cobertura es de cobertura en la vacunación con 60 y 69%, respectivamente.
El caso de Puebla es notable, pues pasó con celeridad del penúltimo lugar nacional a las entidades por arriba del 80%, cerca de quienes lideran, como Aguascalientes (82%); Campeche (83%); Chihuahua (82%); Baja California (87%); Baja California Sur (90%), siendo la Ciudad de México el puntero general, con el 99%.
A todo ello conviene enfatizar que si bien la vacunación ha sido un factor para minimizar los riesgos y que la tendencia de la curva es francamente descendente, la pandemia sigue presente.
No hay que bajar la guardia. Nos espera una amenazante temporada de fríos y una secuela de acontecimientos que implica enorme movilidad social: Buen Fin, vacaciones escolares, festejos de fin de año…
Se apela entonces, otra vez, a la responsabilidad social para que al menos esta vez las buenas noticias prevalezcan sobre las malas.
