El tema del regreso a clases está hoy en día en la tribuna de la discusión pública a nivel nacional. Sobran las razones para que así sea.
A menos de dos semanas para el retorno presencial en todo el país, un alud de dudas e inquietudes prevalecen todavía sobre amplios segmentos de la población. Las razones son legítimas y justificadas por los riesgos que implica la inevitable convivencia en los espacios escolares entre niños y jóvenes, la presencia física de maestros, la movilidad de padres familia y de otros adyacentes, como el caso del personal administrativo y los prestadores de servicios. Y todo ello, justo en el momento que arrecia la tercera ola de contagios por COVID-19, que en sus nuevas manifestaciones ha mostrado mayor severidad, sin soslayar que ningún menor de edad está aún vacunado.
Las opiniones son diversas, múltiples, divididas. Un estudio reciente, publicado apenas esta misma semana, revela que a nivel nacional el 60 por ciento de los encuestados está en desacuerdo con reanudar el clico escolar en las actuales condiciones. En el caso de Puebla, como lo publicó este mismo medio el pasado miércoles, un 40% de los encuestados se mostró en contra de la decisión.
En este contexto hay consideraciones que se deben matizar. Y es que existe, no obstante a los que se oponen, un amplio consenso respecto a la urgente necesidad de reabrir las escuelas tras 15 meses de haberlas cerrado ante las consecuencias de lo que fue el primer embate de la pandemia. Los efectos de aquella decisión están a la vista: deserción de miles de alumnos, desfase de los programas educativos, retraso en los procesos de aprendizaje y un severo impacto en la salud mental y física de los escolares.
La disyuntiva entonces sobre la reanudación del curso escolar con la presencia de alumnos es sumamente compleja y eso hace difícil emitir una opinión en términos absolutos. Cabe aquí la opción de la balanza, así sea imaginaria. Ante cualquier tipo de decisión, situar de un lado y del otro, ventajas y desventajas. Y al ponderarse el valor de la salud y de la vida, el resultado parece ser más que predecible. Se vale entonces intentar alternativas. Por ejemplo: ¿qué pasaría si el inicio del curso escolar se pospone uno, dos o hasta tres meses? Se supone que para entonces la curva de la pandemia iría en descenso, no antes como tramposamente lo insinuó el propio gobierno federal en la voz de su malogrado estratega Hugo López-Gatell, quien aseguró que hay una tendencia a la baja y que en dos semanas podría existir un claro declive en la curva epidemiológica.
Qué curioso: dos semanas, justo cuando está anunciado el regreso a clases. Transitamos pues entre dudas y temores, que se acrecentaron ante el incumplimiento inicial de que no se regresaría a las aulas hasta que el semáforo marcara el ansiado color verde. Ese viraje generó desconcierto, que se suma a la actitud obstinada del presidente López Obrador.
Su expresión de que “llueva o relampagueé habrá regreso a clases el 30 de agosto” sonó más que impositiva. Y su consigna de que deben afrontarse los riesgos de posibles contagios entre niños y jóvenes no parece responsable. Asombra también su trivialidad. Eso de tratar de ser convincente y en plena conferencia mañanera pedir de fondo musical la melodía “Los caminos de la vida” fue muy desagradable. Luego, su aclaración esta misma semana de que la carta compromiso solicitada por la Secretaría de Educación Pública para que los menores puedan regresar a clases no será obligatoria.
Sorprende que haya dicho que no fue su idea solicitar ese requisito, sino que la decisión se había tomado “desde abajo” y que si le hubieran consultado, se habría opuesto. Se supo al respecto que esos “burócratas de abajo” a los que aludió, en efecto habían dispuesto una carta en la que los padres de familia se responsabilizaban sobre posibles incidentes, pero ante las críticas se matizó y todo quedó en un documento de “corresponsabilidad” y que no fuera obligatorio.
Tales enredos revelan no solo que se improvisa, sino que hay incompetencia, falta se estrategia, imposición. La “carta compromiso” no será entonces obligatoria, como tampoco lo ha sido ponerse las vacunas, lo que hace suponer que muchos de los actores sociales involucrados en el retorno a clases ni siquiera estarían vacunados, llámese profesores, personal administrativo, padres de familia y otros.
Claro que el tema no es menor. Estamos hablando de que el enorme aparato que compone nuestro sistema educativo nacional está conformado por 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros, 200 mil escuelas y 34 millones de familias con hijos en la escuela.
Hoy se asegura que las autoridades educativas han tomado las precauciones de rigor y previsto todo tipo de condiciones materiales, además de haber diseñado amplios protocolos sanitarios. Eso es posible, pero ¿quién puede garantizar su cabal cumplimiento, más aún cuando hemos visto un comportamiento social indisciplinado y en ocasiones hasta irresponsable? ¿Y qué pasará en las miles de escuelas en poblaciones alejadas y las de áreas rurales, donde en muchas ocasiones enfrentan problemas de espacios amplios o incluso de servicios indispensables, como agua potable? No se trata de sostener una visión pesimista, pero el inminente regreso a clases transitará inevitablemente por senderos plagados de riesgos y de inconveniencias que ojalá puedan ser sorteados.
Lo deseable ahora es que cada escuela, sus directivos y maestros, tengan la capacidad de afrontar el reto en función de su ubicación, tamaño, recursos disponibles y número de alumnos, así como que tengan la habilidad para poder complementar sus cursos con herramientas digitales.
Se ha dicho con acierto que la educación es un derecho humano que debe garantizarse, pero esa misma condición se da en el ámbito de la salud, que finalmente es de interés superior.
No hay vuelta atrás.
El regreso a clases, gradual y voluntario, ocurrirá en unos cuantos días. El deseo de todos es que prevalezca el más alto sentido de responsabilidad y que ocurra de manera consciente y compartida. El compromiso solidario es de todos: alumnos, padres de familia, gobiernos; sociedad entera.
