Como ocurrió recientemente con la propuesta de reforma eléctrica, la iniciativa presidencial para la reforma en materia electoral, inducida este fin de semana, parece estar destinada a fracasar.
Y en esa ruta, mucho incide el actual clima de polarización.
El proyecto aborda en general los temas más sensibles del espectro político-electoral, como los relativos a los organismos electorales, el financiamiento a partidos políticos y la conformación del Congreso, entre otros.
Indiscutiblemente que el tema provocará un intenso debate nacional y será ocasión para las más inimaginables expresiones, pero es muy probable que a final de cuentas no alcance el consenso social necesario, ni en consecuencia, los votos suficientes en el Congreso para su validación.
Son muchas las aristas que contiene la iniciativa, que ya fue enviada al Congreso, por ahora valgan algunos comentarios del nuevo marco legal que se propone y en cuya esencia pareciera pretender, como ya se insinuó, a querer darle más poder al poder, desde el propio poder.
En un primer vistazo se observa ciertamente que las modificaciones constitucionales que se plantean fueron bordadas sin recato alguno, bajo la visión del gobierno actual y con muy poco ánimo de construir una democracia más depurada y participativa.
Punto toral es el relacionado con la virtual desaparición del Instituto Nacional Electoral. Aunque fue con este organismo con el que llegó al poder, la 4T plantea extinguirlo en definitiva.
A decir de AMLO, lo drástico de la medida es “para garantizar elecciones libres y limpias y dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales”.
En la exposición de motivos que sustentan la desaparición del INE, se le califica como “organismo oneroso, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir con sus funciones de garantizar elecciones libres”.
La embestida contra el INE ya se había presagiado, dadas las desavenencias cuando el organismo se ha esmerado en hacer cumplir las disposiciones electorales y procesos subsecuentes, y más recientemente con motivo de la revocación del mandato.
De nada valió que hoy el INE mantenga un alto respaldo y se haya ganado la confianza y credibilidad social. ¿Se puede hablar en nuestros días de un INE ineficiente o de la prevalencia de fraudes electorales?
Al INE se le visualiza desde el poder como un rival en potencia, como enemigo y obstáculo en las contiendas por venir, en especial para la que será durante en 2024 “la madre de todas las batallas” de la historia reciente.
A la desaparición del INE se suma también, según la propuesta, la cancelación de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLES), para dar paso a un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país y absorbería las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal.
Los consejeros electorales del INEC pasarán de 11 a siete y serán elegidos por un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres Poderes de la Unión.
Además se promueve la extinción de los 32 tribunales estatales electorales, cuya tarea sería concentrada en un solo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados también serían electos por la ciudadanía.
Se asegura que con esta federalización de las elecciones se generaría un ahorro importante a las finanzas públicas. Se dice que la democracia sería más barata, pues en su conjunto la reducción se gastos llegaría a unos 24 mil millones de pesos, incluyendo la cancelación de las prerrogativas que se destinan para el gasto ordinario de los partidos políticos.
En efecto, con el propósito de reducir 66 por ciento de los fondos que actualmente reciben los partidos políticos, y bajo un presunto principio de “austeridad republicana”, la iniciativa presidencial pretende también cancelar las prerrogativas para su gasto ordinario, preservando únicamente los recursos destinados al financiamiento de campaña.
En este sentido, la iniciativa argumenta que “uno de los temas que suscitan mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario, que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto”. Anualmente se destinan 11 mil millones de pesos para financiar las estructuras burocráticas partidistas.
De esta forma, se pretende obligar a los partidos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante la captación de aportaciones estrictamente vigiladas, para evitar, por un lado, que desde el poder reciba recursos del presupuesto público o bien de otras fuentes de dudosa procedencia, para lo cual se buscarán mecanismos que permitan mayores controles a los apoyos privados.
Y, finalmente, la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo plantea restructurar la conformación del Congreso, al pasar de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 los senadores.
Aunque se habló de que serían excluidas las diputaciones plurinominales, en realidad se sugiere la elección de legisladores mediante listas estatales, así como prescindir de los 300 distritos electorales federales y del sistema de cinco circunscripciones para asignar esas diputaciones.
Al desaparecer las circunscripciones, la elección de diputados federales en cada estado será en función de la población que tengan y en el Senado tres por cada entidad, lo que finalmente implica una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales.
Lo que ahora vendrá será una discusión pública que debiera ser de altura, para conveniencia de todos. Qué complicado será seguir los debates entre quienes se creen dueños de la verdad y salvadores de la República, y los que han sido duramente catalogados como “traidores de la patria”.
Es previsible que haya puntos de convergencia, pero puede adelantarse que no prosperaría la extinción del INE, si acaso algunas medidas para reducir su financiamiento, no tampoco la desaparición de los OPLES.
La reducción de legisladores y el acotamiento de recursos financieros a los partidos políticos son temas que pudieran tener algún consenso, al menos desde la perspectiva social, pero merecen mayor análisis y mejor sustentación.
De cualquier forma y aunque no es tiempo de cobrarse los agravios, parece inevitable que el clima de discordancia influirá en la decisión final, la que al parecer, será contraria en lo general a como lo ha planteado la camada de la 4T.
