Traidores a la patria

Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ www.etellekt.com [email protected] @etellekt_

E s la nueva campaña del oficialismo para referirse a las diputadas y di­putados federales que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, enviada por el titular del Ejecutivo, supuestamente por oponer­se a que el Estado Mexicano retome el mo­nopolio del mercado eléctrico, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cambio de entregar el control de la indus­tria a empresas extranjeras, como la espa­ñola Iberdrola.

Un acto de represalia del régimen que no se ha conformado con tocar base en la esfera del linchamiento mediático, en la que encapsula a los críticos del presidente. La llevó más lejos, al amagar con denun­ciarlos penalmente por el delito de traición a la patria, según lo manifestó el dirigente de Morena, Mario Delgado, incluso ame­nazándolos con “fusilarlos pacíficamente”.

Todo con el fin de intimidarlos, minar la cohesión de la alianza opositora y anular, en las próximas semanas o meses, cual­quier obstáculo legislativo que bloquee las iniciativas pendientes del presidente, en materia electoral (mediante la que AMLO pretende restaurar al régimen de partido hegemónico y desbaratar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, con tal de llevar a cabo una elección de Estado –co­mo la que ensayó en la revocación de man­dato– en favor del candidato o candidata a sucederlo) y de Guardia Nacional (en la que plantea encomendar el mando de esta corporación al Ejército, que se encargaría no sólo de combatir a la delincuencia, si­no de contener protestas que puedan sur­gir en caso de un conflicto postelectoral en 2024, por sospechas de fraude electoral), proyectos que requieren igualmente de modificaciones a la Constitución.

Algo que cuenta con el visto bueno del presidente. Así lo reiteró horas después de que feneciera su propuesta legislativa, cuando en su conferencia mañanera ad­virtió a los parlamentarios que entregar “los recursos naturales del país a extranje­ros” implicaba traicionar a la patria, citan­do las palabras de Ricardo Flores Magón.

Acto seguido, en un tono más hostil, el presidente sostuvo que la traición a la pa­tria era un delito que se castigaba con una pena que iba de los cinco a los 40 años de prisión, así como una multa de hasta 50 mil pesos, aunque rechazó emprender ac­ciones judiciales por ese motivo. Pero como el típico cobarde que tira la piedra y escon­de la mano, para que otros le hagan el tra­bajo sucio y carguen con las futuras res­ponsabilidades legales de sus excesos y ar­bitrariedades en el ejercicio del poder (re­cordemos a Bejarano), le encomendó esa sucia tarea al líder nacional de Morena, Mario Delgado, que la cumpliría sin rubor.

Y lo hizo, aun sabiendo de las infraccio­nes electorales en las que incurriría Mo­rena, al tratarse de propaganda política que denigra o calumnia a los partidos po­líticos y a las personas, sancionada por la Ley General de Instituciones y Procedi­mientos Electorales. Restricciones que di­cho sea de paso, surgieron para darle gusto a AMLO en la reforma electoral de 2007, por la guerra sucia de la que se dijo vícti­ma en la campaña de 2006, y que ahora, convenencieramente, las desconoce, por­que según el presidente limitan su libertad de expresión.

Los partidos afectados no dudaron en presentar su queja ante el INE, que de in­mediato dictaría medidas cautelares por unanimidad en favor de los quejosos y or­denaría a Morena eliminar los mensajes en los que acusa de “traidores a la patria” a las personas legisladoras. Una de las ra­zones por las que AMLO pretende reducir al INE a un simple tubérculo del aparato gubernamental.

Por otro lado, de concretarse la denun­cia penal, el presidente cometería una trai­ción a la democracia y al mandato ciuda­dano de 22.9 millones de electores que vo­taron por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano hace un año, para establecerle contrapesos legislativos al presidencialis­mo exacerbado de AMLO, superando in­cluso los 21 millones de sufragios alcan­zados por los partidos del oficialismo que avalaban esa concentración de poder en el Ejecutivo.

Y, además, porque la única manera de proceder por la vía penal contra los dipu­tados opositores e imputarles el delito de traición a la patria es solicitando, en la Cá­mara de Diputados, la declaración de pro­cedencia, para lo cual sólo se requiere la aprobación de una mayoría absoluta (50% más uno de los diputados presentes), y la coalición oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde reúne esa ma­yoría. ¿Acaso el presidente quiere cons­truir a la fuerza una mayoría calificada en San Lázaro (dos terceras partes de los asientos), que su partido no logró en las urnas, para sacar adelante sus reformas constitucionales?

Un procedimiento, que en palabras de AMLO, sería tan o más “deshonroso” co­mo la declaratoria de procedencia que le tocó enfrentar siendo jefe de Gobierno de la capital, en 2005, aprobada por los dipu­tados federales del PRI y el PAN, a los que recriminó en su célebre discurso de defen­sa, por pretender despojarlo del cargo que “legal y legítimamente” le fue entregado por los ciudadanos, expoliarle sus dere­chos políticos e impedir así que participa­ra en la contienda presidencial de 2006, a quienes les espetó: “Es un atentado incali­ficable el que se ha cometido conmigo, pe­ro ha servido para quitar definitivamente la careta a nuestros gobernantes, para ex­hibirlos como tiranos vulgares y para des­prestigiarlos completamente ante la opi­nión pública”.

Como ya lo ha remarcado el presiden­te en diversas entrevistas, parafraseando a Marx, la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda co­mo farsa.

Comparar a sus rivales con los gene­rales traidores Miguel Miramón y Tomás Mejía huele más a farsa autoritaria que a una transformación de la vida pública, co­mo pregona. ¿Estará dispuesto a finalizar su mandato como un demócrata o un vul­gar tirano? Porque si desea terminar como patriota, es improbable, luego que su ami­go, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revelara que López Obra­dor se dobló ante él y obedeció la orden que le dio de enviar soldados mexicanos a la frontera norte para contener a los mi­grantes mexicanos y centroamericanos, lo que con base en el artículo 123 del Có­digo Penal constituye traición a la patria, delito que se define por llevar a cabo “(…) actos contra la independencia (…) con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero (…)”

Al presidente por lo menos le queda una bocanada de tiempo para frenar esta absurda campaña persecutoria a los opo­sitores y evitar una crisis constitucional, que ni él o el Ejército serán capaces de sub­sanar. Como predicador confeso, debe ser el primero en saber que podrá juzgar a sus adversarios, pero todavía falta que a él y a sus acólitos los juzgue el pueblo de México.