SOLILOQUIO
Felip Flores Núñez
En un típico procedimiento “fast track” –tan recurrente cuando algo malo quiere ocultarse– el gobierno federal autorizó la regularización de vehículos usados que han sido importados ilegalmente al país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció el pasado viernes en Baja California, el sábado emitió el Acuerdo y el lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para que este mismo martes la medida entrara en vigor.
Así de fácil y así de rápido quedó abierta la posibilidad de legalizar un parque vehicular superior a 1.5 millones de unidades usadas que, en su mayoría, fueron importados por grupos de la delincuencia organizada.
Todos esos “autos chocolate” que ingresaron al país de contrabando, es decir, de manera ilegal, serán ahora regularizados justo cuando la economía nacional apenas intenta recuperarse y, en especial, cuando la industria automotriz padece uno de sus peores momentos.
Con la medida, las unidades seminuevas legales en México podrían devaluarse en más del 20 por ciento en promedio, además que afectará la rentabilidad de negocios y agencias distribuidoras que participan en el mercado automotriz.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ya advirtió que también se devaluará el patrimonio de los mexicanos, que son quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y contribuyen con el país.
“Al disminuir el valor de sus vehículos ante la saturación de la oferta que se daría con la regularización, solo dañarían su patrimonio”, explicó su dirigente José Zozaya.
Aunque el decreto presidencial está enfocado a siete entidades federativas del norte, la medida tendrá repercusión en todo el país, incluyendo desde luego a Puebla.
Ya el pasado lunes el gobernador Miguel Barbosa había expresado que no compartía la medida, si bien entendía que obedece a una realidad de las ciudades fronterizas.
“Puebla no lo necesita”, dijo.
También advirtió que podría afectarse la producción de vehículos nuevos –en perjuicio de industrias como Volkswagen y Audi, asentadas en Puebla– y además podrían generarse situaciones de poca certeza jurídica.
Por su parte, la directora en Puebla y Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) de Puebla y Tlaxcala, dijo que la legalización recién decretada representa un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades.
También señaló que la propuesta de López Obrador no sólo se limita a los siete estados fronterizos, sino que la ampliará a todo el país, situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande y afectará la cadena de comercialización formal.
“Esta situación golpeará al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia de la COVID-19 y la crisis de los semiconductores”, destacó.
Como la propia AMDA a nivel nacional acusó que la legalización de autos chocolates que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador “premia a mafias criminales”, no descartó la posibilidad de recurrir a amparos ante el Poder Judicial.
Reveló que las autoridades aduanales del gobierno federal en las entidades fronterizas nunca hicieron nada para contener el ingreso al país de vehículos ilegales, de los cuales algunos pudieran incluso haber sido robados en territorio estadounidense.
Tan sólo en julio y agosto pasados la importación de vehículos usados creció 69.8% y 84.9%, equivalente a 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades, respectivamente.
Empresarios que comercializan y producen vehículos en México aseguraron que “habrá menores ventas de modelos nuevos, menor recaudación fiscal y reducción en el valor de reventa de los autos usados nacionales”.
Ante la falta de reglas de operación para implementar la regularización de los autos chocolates, la misma AMDA, que aglutina a más de 2 mil 500 distribuidores de automotores nuevos, exigió al presidente López Obrador instrumentar “de inmediato” políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.
A través del director Guillermo Rosales, pidieron “tolerancia cero” al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos para acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.
Nada de eso ocurrirá. Es más fácil, por decreto, legalizar toneladas de chatarra como ya alguna vez ocurrió.
Recuérdese que en 1994, y para complacer a organizaciones campesinas, el gobierno salinista permitió la legalización de miles de camionetas pickups que al poco tiempo acabaron vendiéndose como fierro viejo en los talleres.
Nada ha cambiado desde entonces y eso da lugar a “sospechosismos”.
Al anunciar la medida el fin de semana en Ensenada, Baja California, el presidente López Obrador aprovechó el acto protocolario para convocar a la población a participar en la consulta de revocación de mandato que sería realizada en 2022, y además reconoció que el movimiento que él encabeza arrasó en las elecciones pasadas, incluyendo todos los distritos federales, y la gubernatura de la entidad.
De la legalización de autos extranjeros, explicó que tiene como fin dar certeza jurídica a los propietarios e inhibir que los vehículos sean utilizados para cometer ilícitos.
“Se les va a registrar, van a dar una cooperación de alrededor de 2 mil 500 pesos, ese dinero va a quedar en Baja California y se va a utilizar para tapar los baches, y mejorar las vialidades”, señaló.
O sea que el presidente no sólo hizo proselitismo, sino que también dispuso que el dinero que se recaude en el registro de autos, provenientes de actos ilegales, sirva dizque para combatir delitos y para ejecutar obras públicas.
El decreto respectivo, que refiere como principal ámbito de incumbencia en la legalización de automóviles a los municipios de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, destaca como objetivo principal “otorgar certeza jurídica a los importadores o propietarios de dichos vehículos”.
Y subraya: “…así como combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados e introducidos sin acreditar su legal estancia”.
Así pues, se suma un tema más a la discusión pública. Una más a las polémicas derivadas por la deficiente conducción de la pandemia del COVID-19, a las discusiones por la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, a los enfrentamientos contra las ONGs, a las acusaciones contra investigadores del Conacyt, a la controvertida reforma eléctrica y a los dimes y diretes por la revocación del mandato.
Y a todo ello, como postre, se nos obsequian “autos chocolates”.
Buen provecho.
