No una, sino muchas veces, el gobernador Luis Miguel Barbosa ha expresado públicamente su plena satisfacción por el sistema de salud poblano.
De manera reiterada se ha referido a la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios.
Apenas dijo que en Puebla el derecho a la salud es una garantía, debido a que se cuenta con un sistema “muy grande y muy fuerte”.
“Yo creo que es el más fuerte del país”, resaltó.
Es tan fuerte y tan grande, que se ocupa del 70 por ciento de la población total, que en la entidad suma a casi seis y medio millones de habitantes.
El otro 30 por ciento es atendido por las dependencias federales, como el IMSS y el ISSSTE, mayoritariamente, así como al ISSSTEP, los hospitales Militar y Universitario y todos los nosocomios privados.
En Puebla, además, se ofrece servicio a muchas personas oriundas de otros estados vecinos.
El mandatario también ha tenido referencias elogiosas para el titular de la secretaria del ramo, el médico José Antonio García, cuyo sobresaliente desempeño durante la pandemia del COVID-19 ha sido reconocido a nivel nacional.
“Es mejor que López-Gatell” –el subsecretario de salud del gobierno federal–, dijo alguna vez en una conferencia de prensa.
Toda esa buena percepción en una de las áreas vitales de su gobierno –las otras son la educativa y la de seguridad pública– seguramente le revolotearon al mandatario estatal al confirmarse la intención del gobierno federal por centralizar los servicios de salud de todo el país.
Esa noticia que ya había sido insinuada desde principios de año, empezó a confirmarse apenas en marzo y el lunes pasado fue ratificada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una reunión con gobernadores, a la que convocó en Palacio Nacional, se invitó a los mandatarios estatales a sumarse al nuevo modelo. Ahí se clarificó que el gobierno federal impulsará una nueva política en materia de salud pública.
El objetivo es federalizar todos los servicios de salud, es decir, concentrar bajo su administración la enorme estructura de todos los servicios médicos que actualmente ofrecen los gobiernos estatales.
La idea es tener la operación de todos los hospitales y unidades médicas, que pasarán no al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como se creía, sino a un novedoso esquema llamado IMSS-Bienestar.
Esta nueva figura asumirá todos los servicios médicos para quienes carezcan en el país de seguridad social. Tendrá a su cargo el personal médico, la administración y, sin intermediarios, se responsabilizará también del equipamiento, insumos y abastecimiento de medicamentos.
Todo un monstruo.
Por sus carencias y rezagos, es muy posible que muchos gobernadores festejen esta decisión. Les quitarán un enorme peso de encima. Al momento, se asegura, hay 14 estados que ya se han comprometido para formalizar este complejo proceso. Oaxaca, Baja California y Sinaloa, encabezan la lista.
De hecho, el programa ya empezó a manera de piloto en las entidades federativas con menor población del país. Es el caso de Nayarit, Tlaxcala y Colima.
La incorporación al programa IMSS-Bienestar por ahora es voluntaria. Cada gobernador tomará la decisión a conveniencia y se ha dicho a quien decida abstenerse que no le retirarán las participaciones federales. No al menos en esta primera etapa.
El operador de todo este proyecto es el actual director del IMSS, Zoé Robledo, quien pregona que este nuevo proyecto de salud unificado “deja atrás el modelo fragmentado para que cada persona tenga los mismos derechos, el mismo acceso, la misma calidad de servicios de salud”.
Se dice también que habrá acciones colaterales para la formación de recursos humanos. Ya no de las instituciones educativas de prestigio, como la UNAM en la capital del país, o la BUAP en el caso de Puebla.
Los nuevos médicos serán egresados preferentemente de las instituciones de la 4T, esto es, de la Universidad de la Salud y de las Universidades “Benito Juárez”. Al personal médico ya adscrito, se asegura, se le respetará sus derechos laborales, aunque habría conflicto por la diversidad de las contrataciones.
Ante esta realidad, hay razones sustentadas para desconfiar de este inmenso intento globalizador. Al menos hasta ahora, en materia de salud el gobierno de la 4T no ha sido muy eficiente que digamos.
La desaparición del programa del Seguro Popular y las improvisaciones del Insabi; el resquebrajamiento del sistema de abastecimiento de medicinas; la carestía de insumos oncológicos para menores de edad, los yerros en las políticas para enfrentar la pandemia, el caos en algunos hospitales públicos, como el de la Margarita del IMSS en Puebla, son sólo algunos ejemplos.
¿Se sumará Puebla a este nuevo esquema?
¿“Entregará” todos sus centros de salud, unidades médicas, hospitales generales y Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa)?
¿Se diluirá el sistema “fuerte y grande” que ha sido construido con recursos propios y monumentales esfuerzos?
Por ahora el gobernador Barbosa Huerta ha sido cauto.
Ha dicho que reserva su opinión.
Cuestionado sobre el tema, apenas este miércoles dijo que fijará su posición cuando se le haga un planteamiento de manera bilateral, pues ni siquiera conoce los términos de los acuerdos que otras entidades ya han suscrito.
Y aprovechó para expresar su orgullo por el sistema de salud que hay en Puebla, de los mejores del país.
En este escenario, no parece nada fácil la decisión que tendrá que asumirse próximamente.
Tanto en términos pragmáticos como políticos.
Ya otras veces en Puebla se ha optado en sentido diferente a decisiones del gobierno federal.
Así será esta vez, afortunadamente.
Por lo que más convenga a Puebla.
