Tras su pírrica victoria en el reciente ejercicio de la revocación de mandato, no por predecible el traspié del pasado domingo fue también otro duro golpe para el proyecto a futuro de la 4T.
De ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho, recién fue rechazada su propuesta de reforma eléctrica, que “esto no termina, esto apenas comienza”.
Y tiene razón.
Lo que ha comenzado en este mes de abril –que habíamos presagiado sería convulso– es algo así como una tempranera medición de lo que podría venir en la ruta del 2024.
De aquí en adelante, la batalla será cada vez más aguda y de mayor descaro.
Todo se vale, así sea llamar “traidores de la patria” a los que con una visión de país diferente frenaron la iniciativa presidencial.
O también que como respuesta, se proceda con tufos de venganza en el Congreso de la Unión para aprobar, sin recato a los procedimientos, nuevas iniciativas.
Es el caso de las reformas que modifican los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, a fin de que el Estado tenga en exclusiva la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, material que de la noche a la mañana se ha convertido en el codiciado “oro blanco”.
Esa iniciativa fue enviada al Congreso por el Ejecutivo la noche del pasado domingo, se aprobó por diputados el lunes sin análisis ni pasar por comisiones y este miércoles fue avalada también por el Senado.
Así, aprobada sin modificaciones ni variarle una sola coma, fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor ya mismo, a partir de este mismo jueves.
En acciones deportivas, a eso de le llama “rudeza innecesaria”.
¿Por qué la prisa?
¿Por qué así de rápido y usando el tan despreciable y sucio recurso del fast track?
Por lo pronto el mandatario dijo sentirse muy contento y agradecido por la displicencia de los (sus) legisladores que apoyaron la iniciativa.
Y hasta cantó victoria.
Dijo en su reciente mañanera que ningún país extranjero y ninguna corporación foránea podrá apropiarse de lo que es del pueblo de México.
Lo afirma porque la nueva legislación prohíbe de modo explícito otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. No importa que esa medida contravenga a la Constitución, que claramente dice que no se permiten monopolios en este país, así sean éstos estatales.
No obstante, omitió el presidente decir que hay contratos vigentes para la explotación del litio que han sido entregados a empresas nacionales y filiales extranjeras, por lo que seguramente vendrán impugnaciones, amparos y otros recursos legales que obstruirán su propósito. O al menos lo dilatarán.
Reportes del 2021 indican que había en el país al menos 16 concesiones activas. Ya Gilberto Zapata, presidente del Consejo de Administración de la empresa Litiomex, ha dicho que la modificación a la normativa es inconstitucional, debido a que generaría un monopolio.
AMLO tampoco explicó que los presuntos beneficios vendrán a largo, muy largo plazo, más allá incluso de su periodo sexenal.
Falta todavía que se constituya un nuevo organismo público descentralizado que se haga cargo de operar todo el proceso, para lo cual en la práctica no hay recursos disponibles. La pretensión es crear una empresa similar a la CFE que se haga cargo de la explotación, producción y comercialización del litio, “con la ayuda de centros de investigación del país y las experiencias de otras naciones”.
Y aquí cabe la pregunta: ¿también los militares se harán cargo de esta nueva encomienda; saben del tema?
Vamos, ni siquiera hay a la fecha conocimiento pleno de la estructura geológica del país, por lo que habría que comenzar por una investigación a fondo sobre la existencia de minerales, entre ellos el litio, según reconoce el Servicio Geológico Mexicano.
Estudios de esa naturaleza se llevan al menos un par de años y para ello no hay recursos presupuestados. Había una partida de 34 millones, de los 55 que se habían solicitado para tareas de exploración.
Según la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, para construir una sola mina mediana, el gobierno va a tener que invertir alrededor de 300 millones de dólares.
Se sabe por ahora con certeza de un gran yacimiento en Sonora, el mayor del país, con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas. Lo demás son especulaciones.
En el caso de Puebla, hay la presunción de presencia de litio en siete municipios, a saber: Oriental, Tepeyahualco, Izúcar de Matamoros, Tehutzingo, Petlalcingo, Chila y Piaxtla.
Nadie soslaya la importancia del tema, aunque el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 no hace ninguna referencia al litio y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no se le dedique ni un capítulo a la energía.
Es indiscutible que en nuestros días de convergencia energética, el litio sea uno de los metales más codiciados, pues se utiliza para fabricar baterías para computadoras portátiles, teléfonos móviles, cámaras digitales y vehículos eléctricos, entre otros.
Dada su importancia, ¿cuál es la razón de precipitar un marco jurídico que con el tiempo acabará siendo alterado?
¿Por qué ese vano patriotismo? ¿Por qué no consensuar para una legislación que si bien proteja los intereses nacionales, sea más acorde a los actuales tiempos?
Simplemente, porque ya son tiempos de guerra.
Renovados vientos que igual de pronto derrumbarán las reformas que vienen, como la electoral y la relativa a la Guardia Nacional, lo que provocará otros desquites, nuevas embestidas.
Y es que rumbo al 2024, esto no termina, esto apenas comienza.
