Este miércoles, el Papa Francisco lanzó un mensaje de condolencia que le dio la vuelta al mundo.
“¡Hay tantos asesinatos en México!”, dijo en tono visiblemente apesadumbrado.
Se refería, desde luego, al vil asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil, ocurrido la tarde del martes en la zona tarahumara de Chihuahua.
Los religiosos trataron de asistir a un guía turístico que se refugió en su templo, en la comunidad de Cerocahui. Hasta ahí llegaron los sicarios para consumar la masacre.
El lamentable incidente no es un hecho aislado.
Refleja acaso la brutal escalada de violencia que persiste en el país, la cual no distingue rangos ni jerarquías sociales.
Todos podemos ser víctimas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Tal violencia no tiene límites y se expande de manera creciente bajo el aliento de la impunidad que se promueve, o al menos se solapa desde el Estado mismo.
La premisa de “abrazos, no balazos” así lo sustenta.
Hoy las fuerzas federales se doblegan, son agredidas, humilladas.
Y dejan además patente evidencia de que la seguridad pública en la administración de la 4T ha sido un rotundo fracaso.
Así lo explican los más de 121 mil homicidios intencionales durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esa cifra supera ya, por mucho, la que se había acumulado en los tres gobiernos anteriores.
Nadie puede negar que la criminalidad domina hoy buena parte del país. Hay zonas muy marcadas del territorio nacional en poder de distintas bandas delincuenciales.
El trasiego de drogas, el narcomenudeo, la extorsión, el derecho de piso, los asaltos a mano armada, además de un sinnúmero de feminicidios, son cosas de todos los días.
Proteger a la sociedad, brindar garantías para una paz comunitaria, no ha sido prioridad para la 4T.
En la agenda presidencial hay otros temas que le merecen mayor atención.
Le preocupan más sus reformas; la frustrada en materia energética y la electoral, con la que pretende confeccionarse un traje a la medida.
Tiene otra pendiente, por cierto, en materia de seguridad, mediante la cual al menos en el marco conceptual desea militarizar tan importante función.
Es previsible y deseable, que esa fusión de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional no llegue a prosperar. Sería la puntilla para una fallida política pública en el tema que más preocupa hoy a la sociedad.
La atención presidencial está también enfocada en el 2024, bajo la consigna de mantener el poder bajo el dominio del movimiento morenista.
En ese objetivo, al mandatario federal parece divertirle el juego preelectoral que impulsó de manera prematura, al poner en el escenario a sus precandidatos que, ni tardos ni perezosos, ya están en abierta campaña.
Y todo ello, con fines meramente distractores, pone en el debate público y mediático otros asuntos de pasmosa trivialidad, como el anular el horario de verano bajo la presunción de que causa daños a la salud.
No, la seguridad pública no está entre las prioridades del gobierno de la 4T.
El reclamo de una estricta aplicación de la justicia, del combate frontal a la delincuencia, de medidas eficientes para prevenir ilícitos y de terminar con la impunidad no vino ahora de la clase conservadora, ni de los grupos de poder que han perdido sus espacios de privilegio, ni tampoco de los “fifís” o de las filas de la “amargada” derecha.
El reclamo sonoro que se escuchó ahora en todo el mundo provino del Papa Francisco, de la comunidad jesuita, de los religiosos.
Pero también de los ateos, de empresarios, estudiantes, trabajadores, amas de casa, jóvenes, mujeres; de los mexicanos todos.
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas duele tanto como los que ocurren todos los días contra miles de ciudadanos.
Son estos los tiempos de incontrolable violencia.
Los jesuitas de México han dicho en la víspera que no los van a callar “ante la realidad que lacera a toda la sociedad”.
Refieren que los hechos ocurridos no son aislados. “La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos”.
Y sentencian: “Vamos a seguir trabajando y estando presentes en la misión por la justicia, la reconciliación y la paz”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, por su parte, ha reprobado también la violencia que se vive en México y enfatizado su reclamo por la legalidad.
Son esos mismos los mensajes que todos deberíamos mandar como sociedad.
Hoy la condena es generalizada.
Y la exigencia de justicia también.
Hay tantos asesinatos en México que parecen ya actos comunes.
No debería ser así.
A nadie conviene acostumbramos a la cotidiana narrativa de hechos sangrientos, que han pasado de la página roja a la portada de los medios.
No más.
