Soliloquio
Felipe Flores Núñez
«Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que se está causando. Estos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro global de fentanilo»
Anne Milgram Directora de la DEA
Aunque no es de dudarse su mal y corrupto comportamiento, finalmente y sin que se haya presentado una sola prueba fehaciente que acredite su responsabilidad, Genaro García Luna fue declarado este martes en Nueva York como culpable de los cinco cargos que se le imputaban, por lo que podría pasar en prisión por el resto de su vida.
El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón se convirtió así en el funcionario mexicano de más alto rango que ha sido sentenciado por la justicia estadounidense.
Se le acusó de colaborar durante más de 20 años con el Cártel de Sinaloa, al menos desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox, por lo que habría recibido pagos millonarios.
Para enfrentar cargos por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y por declaraciones falsas en la corte de Brooklyn, el zar antidrogas, catalogado como un “súper-policía”, fue detenido en Texas en diciembre de 2019, poco después de que Joaquín El Chapo Guzmán había sido sentenciado a cadena perpetua.
Dichos cargos incluyen su participación en una empresa criminal continua por la distribución internacional de cocaína, por conspiración para distribuir y poseer cocaína, así como conspiración para traficar cocaína y rendir declaraciones falsas para obtener la nacionalidad estadounidense.
El veredicto final del jurado, integrado por 12 ciudadanos estadounidenses, se derivó luego de tres días de deliberaciones y casi un mes de declaraciones por parte de testigos protegidos, todos exdelincuentes de alto rango que fueron usados con la promesa de reducir las penas que enfrentan ahora en prisiones estadounidenses.
Testificaron contra García Luna, entre otros, Sergio Villareal Barragán, El Grande, detenido en 2010 en un lujoso fraccionamiento ubicado en la ciudad de Puebla. Expolicía federal, había estado involucrado con los Zetas y luego fue lugarteniente de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán.
También comparecieron Oscar Nava Valencia, quien lideró el desaparecido Cártel de Mileno y Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.
Entre los 26 delincuentes que desfilaron con un mismo guion para comparecer en la Corte neoyorquina, figuró también Edgar Veytia, personaje novelesco que no tuvo empacho en hacer públicos algunos de los pasajes de su sanguinario comportamiento como Fiscal de Nayarit.
El hecho es que el caudal de acusaciones acabó por sepultar a García Luna, ante el desconcierto de su abogado defensor, César de Castro, quien se dijo decepcionado con la decisión del jurado, ya que los fiscales no presentaron ninguna prueba fehaciente y basaron la evidencia sólo en testimonios de notorios y despiadados criminales.
En este escandaloso caso no solo fue enjuiciado García Luna, sino también estuvo en el banquillo de los acusados todo el sistema de justicia criminal del gobierno de México. Ambos perdieron, aunque las lecturas ahora sean otras.
Lo cierto es que las autoridades mexicanas fueron exhibidas por ser copartícipes de acciones corruptas y por su incapacidad siquiera para investigar las múltiples denuncias que se hicieron públicas desde hace 15 años por corrupción y vínculos con el crimen que había en contra del exjefe policiaco.
Esa grave responsabilidad recae sin duda en los gobiernos de Fox, Calderón en mayor medida y Peña Nieto, pero también alcanza al periodo de López Obrador, cuya administración tampoco hizo nada para enjuiciarlo y por lo general, se ha visto complaciente con los grandes capos mexicanos.
Por ello, nadie debería festejar la sentencia de García Luna, y mucho menos politizar el caso, como ya está ocurriendo.
Habrá que esperar cómo responderá el gobierno mexicano. Por ahora tiene el reclamo de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) para que “haga más” contra el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los que responsabilizó de miles de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos.
Como lo fue en los años 70 con la mariguana y luego con la cocaína, la preocupación ahora de las autoridades del país vecino es la creciente importación de fentanilo, proveniente de México, por ser una droga letal, 50 veces más potente que la morfina.
Es cierto que los vecinos del norte reclaman en un tono indebido, como si su país fuera un santuario. ¿Acaso allá no hay policías y agentes de diversas agencias que sean corruptos?
¿Cómo es que por años han entrado a su territorio miles de toneladas de todo tipo de estupefacientes para el consumo de otro tanto de miles de sus adictos?
¿No que eran tecnológicamente capaces para detectar hasta cuando una mosca cruza sus fronteras?
La historia seguirá siendo la misma: ellos serán los agraviados y nosotros los malos y corruptos. Y con una desventaja: ahora podrán juzgar allá a cualquier mexicano, sin pruebas materiales, bajo el sistema de utilizar a delincuentes como testigos.
Parece que es momento de poner las cosas en su lugar. Si de verdad quiere limpiar su imagen, el gobierno mexicano debería responder con acciones concretas y contundentes.
Habría que empezar por aclarar todas las sospechas de complicidad y colusión, indagar sobre los presuntos vínculos del narco con la política, y dejar atrás la irrisoria estrategia de “abrazos, no balazos” para diseminar las bandas criminales, cuyos liderazgos debieran ser juzgados en tribunales mexicanos.
El caso García Luna también merecería abrir una línea de investigación para corroborar las múltiples complicidades que allá se denunciaron y que involucrarían, entre otros, a personajes del primer círculo del exjefe policiaco, entre ellos Facundo Rosas, cuyo paso por Puebla no se olvida.
Ir a fondo, incluiría investigar hasta el más alto nivel. “Caiga quien caiga”, como suele decirse cuando se quiere cumplir cabalmente con la ley y la justicia.
