Diana López Silva
Los cambios en la titularidad del Ejecutivo local, han impedido el avance de la correcta implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos (PEDH) desde 2021, indicaron académicas de la Universidad Iberoamericana Puebla, quienes destacaron la falta de presupuesto.
Si bien no se podía prever el fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta en 2022, los cambios de titular del gobierno estatal interfirieron con el desarrollo del programa en Puebla, indicó Shanik Amira David George, responsable del Observatorio “Con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad”, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla.
Destacó que actualmente el programa no tiene presupuesto ni áreas específicas establecidas como responsables de su implementación.
Entre los principales hallazgos señala que el actual programa no se apegó a los lineamientos federales, y tardó más de dos años en implementarse y funcionar, aunque de manera parcial.
Explicó que pasaron “seis años en que estos temas no fueron prioritarios para la administración pública estatal”, pues si bien se dio a conocer en diciembre 2021, operó hasta enero de 2023.
Ante el inicio de la administración del gobierno estatal a cargo de Alejandro Armenta Mier, y de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla), Rosa Isela Sánchez Soya, la académica presentó un conjunto de recomendaciones.
Pidió incluir un diagnóstico actualizado sobre los principales problemas en derechos humanos que presenta Puebla, ya que las líneas de acción propuestas hasta ahora no incluyen temas como la atención a la desaparición de personas.
