Por: Jorge Alberto Calles Santillana
La captura del general Salvador Cienfuegos Zepeda por autoridades estadounidenses es, sin duda, un fuerte golpe para el país. El hecho que la detención haya sido sorpresiva y el hecho, también, de que de no haya sido notificada al gobierno mexicano la investigación que al general se le seguía corroboran la desconfianza que las fuerzas del orden de los Estados Unidos han sentido hacia nuestras principales autoridades, a lo largo de por lo menos los últimos 40 años.
Esta aprehensión ha dado lugar a múltiples especulaciones. Aun cuando se afirma que la investigación se inició años atrás, hay quienes señalan que habría sido El Chapo Guzmán el denunciante. Otros afirman que la pista surgió desde las indagaciones que se realizan en torno a Genaro García Luna.
Sea como fuere, el general Cienfuegos es el primer ex secretario de defensa que es detenido en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, aun cuando no el primero de quien se han tenido sospechas.
Las repercusiones políticas del hecho son muchas e innegables. Si hubiera pruebas duras y suficientes en contra del general, las indagaciones podrían poner al descubierto actividades ilícitas de muchos otros funcionarios del régimen peñista e, incluso, podrían conducir a una eventual acusación en contra del mismo ex presidente.
Esto estremecería al sistema mexicano. Si bien la aprehensión de Cienfuegos abona al discurso anticorrupción que prevalece durante esta gestión, llama la atención el cuidado y la parquedad con la que el hecho ha sido manejado por las autoridades federales. No deja de ser relevante, a su vez, que buena parte del análisis se enfoque en los actos del general y sus redes, así como en los efectos negativos que la acusación podría llegar a tener en la opinión pública.
No olvidemos que el Ejército y la Marina son las instituciones que mejor imagen guardan entre los ciudadanos mexicanos. No se han dejado de mencionar las intenciones de la DEA y las autoridades norteamericanas. Mientras unos apuntan que el golpe fue una respuesta a la forma en la que el gobierno de López Obrador manejó la detención de Ovidio Guzmán, otros afirman que la secrecía se debe tanto a la desconfianza como a una nueva forma de manejar los asuntos bilaterales sobre la materia.
Pocas son las preguntas que se han formulado sobre las implicaciones que la posible complicidad del general Cienfuegos pudiera tener sobre el abordaje gubernamental del fenómeno del crimen organizado. Si, efectivamente se comprobara que Cienfuegos delinquió tal como se le acusa, uno no puede dejar de inquietarse por la actualidad.
¿Al dejar el cargo, las relaciones entre el crimen organizado y las áreas de la institución desaparecen por completo? ¿Podrían sobrevivir sin nuevos arreglos los negocios ya establecidos entre las bandas narcotraficantes y el general? El negocio de la droga no es cualquier cosa. No puede conservarse y expandirse sin bases sólidas de funcionamiento.
Las bases de certeza que habrían sido proporcionadas por el responsable de la seguridad nacional tendrían que ser vitales para la industria. ¿Qué pasó con la salida del general? Según el Informe Mundial sobre las Drogas de este año, elaborado por la ONU, 270 millones de personas consumieron drogas en el mundo durante 2018, lo que significó un incremento del 30 por ciento respecto del consumo del 2009. Sin duda, hay toda una economía de las drogas. En México, esa economía genera 600 mil millones de pesos, el doble de lo que produce la industria farmacéutica. Además, emplea cerca de un millón de personas, según José Luis Calva, investigador de la UNAM ocupado del fenómeno.
La importancia de los cárteles mexicanos en el comercio internacional de las drogas es ampliamente conocida. Roberto Saviano, periodista italiano especializado en el narcotráfico, sostiene que el pacto signado en los ochenta entre Pablo Escolar y Miguel Ángel Félix Gallardo es todo un parteaguas en la vida económica, política y cultural del planeta. Fue el momento en que los cárteles mexicanos se convirtieron en distribuidores y terminarían por dominar buena parte del negocio.
Una industria de tal magnitud no puede, pues, quedar supeditada a los vaivenes en las esferas políticas. Debe tener anclas importantes que hagan posible su funcionamiento. Poco después de la aprehensión de Cienfuegos, circularon versiones de que el actual secretario, Luis Crescencio Sandoval, fungió como jefe de operaciones de aquel.
Las versiones fueron desmentidas. Se dijo, también, que Sandoval no estuvo considerado en la terna de posibles sustitutos que Cienfuegos entregó a López Obrador. Sin ánimo de abundar en sospechas, habría sin embargo que indicar que entre ellos existió una buena amistad. Pero el asunto va más allá de personas. Porque bien se puede argumentar que Cienfuegos hubo de involucrarse a pesar de sus deseos y sus valores.
La hipótesis es válida y lo es para cualquier caso y persona. Esto es un punto importante. La industria de las drogas es tan fuerte e importante que tiene capacidad para corromper, por la vía que sea necesaria, a quien haya que corromper.
Por eso es que la aprehensión de Cienfuegos debemos dejar de verla como resultado de un comportamiento indebido individual y enfocarlo como parte de un sistema cuyo funcionamiento requiere de comportamientos como del que se acusa al general. Así pues, la estrategia frente al crimen organizado debe ser pensada a partir de este hecho, a partir de esta fuerza y de este poder. Es urgente proceder en este sentido.
